La Justicia de Mendoza avala el avance de proyectos mineros en Malargüe

Un fallo judicial rechazó un amparo ambiental y confirmó la legalidad de las Declaraciones de Impacto Ambiental, habilitando el desarrollo de los primeros 34 proyectos de exploración en el Malargüe Distrito Minero Occidental bajo supervisión técnica y controles estatales.

La Justicia de Mendoza dio un respaldo clave al avance de la actividad minera en el sur provincial al rechazar un amparo ambiental presentado por organizaciones ambientalistas y confirmar la vigencia de la Ley 9.588. La resolución avala las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los primeros 34 proyectos de exploración en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), despejando uno de los principales obstáculos judiciales que enfrentaba la política minera provincial.

El fallo fue dictado el martes 30 de diciembre por el Tribunal de Gestión Asociada-Tercero, a cargo de la jueza María Angélica Gamboa, y puso fin a una de las controversias más relevantes en torno a la estrategia minera impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo. La magistrada desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Fundación Cullunche y el abogado Eduardo Sosa, quienes pretendían frenar en conjunto los proyectos aprobados por la Legislatura.

En su fundamentación, la jueza señaló que no se acreditaron irregularidades sustanciales en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ni argumentos jurídicos suficientes para declarar la nulidad de la norma. Uno de los ejes centrales del fallo fue la falta de individualización del daño denunciado, al considerar que la demanda cuestionó de manera genérica a los 34 proyectos, pese a que cada uno cuenta con expedientes propios y características técnicas diferenciadas.

Asimismo, la sentencia remarcó que el desacuerdo con las conclusiones técnicas de las evaluaciones ambientales no constituye, por sí mismo, una ilegalidad. En ese sentido, la Justicia subrayó que las autorizaciones otorgadas corresponden exclusivamente a la etapa de exploración, con actividades progresivas y bajo control estatal permanente.

El fallo también destacó el rol de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), organismo encargado de supervisar y actualizar de manera periódica los controles ambientales, estableciendo un esquema de seguimiento continuo a medida que avanzan las tareas exploratorias.

Con esta resolución, Mendoza despeja un foco de incertidumbre jurídica que pesaba sobre el desarrollo minero en Malargüe. Mientras las organizaciones ambientalistas analizan la posibilidad de recurrir a instancias superiores, el Gobierno provincial suma respaldo institucional para avanzar con un modelo de exploración controlada que podría marcar el inicio de una nueva etapa para el desarrollo del cobre en el sur mendocino a partir de 2026.