San Juan avanza en la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero y definirá su implementación en los próximos 60 días

El Gobierno provincial trabaja en la elaboración del decreto reglamentario que permitirá poner en marcha las herramientas previstas por la nueva normativa, orientada a fortalecer el empleo sanjuanino, ampliar la participación de proveedores locales y generar mayor impacto económico de la actividad minera en las comunidades.

El Gobierno de San Juan inició el proceso de reglamentación de la recientemente sancionada Ley de Desarrollo Local Minero, una etapa considerada clave para transformar los objetivos generales de la normativa en mecanismos concretos de aplicación. Según confirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, el Ejecutivo provincial prevé finalizar esta tarea en un plazo aproximado de 60 días.

La reglamentación será el instrumento que permitirá definir cómo se aplicarán los distintos beneficios, obligaciones y herramientas contempladas por la ley, que busca consolidar una mayor participación de trabajadores, empresas y proveedores sanjuaninos dentro de la cadena de valor minera.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, el decreto reglamentario tendrá una estructura extensa, con una estimación de entre 90 y 120 artículos, debido a que la propia ley deriva numerosos aspectos operativos a esta instancia. Entre ellos se encuentran los procedimientos de aplicación, los planes de desarrollo local, el funcionamiento del Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin), la conformación del Consejo Consultivo, la Unidad Técnica Interministerial, el régimen sancionatorio y los mecanismos vinculados a los beneficios fiscales.

El trabajo está siendo llevado adelante de manera conjunta por los equipos jurídicos del Ministerio de Minería y del Ministerio de Producción, organismos que también tuvieron participación durante la elaboración del proyecto original que luego fue aprobado por la Legislatura provincial.

Uno de los puntos que presenta mayor grado de avance es la denominada matriz de impacto socioproductivo, una herramienta diseñada para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley en materia de empleo y contratación de proveedores locales.

Según detalló Perea, esta matriz cuenta actualmente con un avance cercano al 95%, mientras que el desarrollo del Registro Provincial de Proveedores Mineros (Repromin) se encuentra en una etapa de avance estimada entre el 60% y el 70%.

Este registro será una pieza fundamental para ordenar y visibilizar la oferta de empresas sanjuaninas que puedan incorporarse a los proyectos mineros, facilitando la vinculación entre operadoras, contratistas y proveedores locales.

Otro de los aspectos centrales que deberá definir la reglamentación está relacionado con el artículo 25 de la ley, que establece un esquema de créditos fiscales destinado a aquellas empresas que cumplan con determinados objetivos de desarrollo local.

Sobre este punto, el ministro explicó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas para establecer los criterios de otorgamiento, los mecanismos de control y la posibilidad de transferencia de esos créditos hacia proveedores locales, una herramienta pensada para fortalecer el entramado productivo provincial.

Desde el Gobierno remarcaron que la normativa no establece cupos rígidos ni exigencias automáticas, sino objetivos progresivos que deberán alcanzarse de acuerdo con las condiciones reales del mercado y las capacidades existentes en la provincia.

Entre las metas planteadas por la ley se encuentra alcanzar, de manera gradual, un 80% de trabajadores locales vinculados a la actividad minera y un 60% de compras realizadas a proveedores sanjuaninos. Para ello se tendrán en cuenta factores como la disponibilidad de mano de obra calificada, la formación profesional, la capacidad técnica de las empresas y los niveles de competitividad.

La puesta en marcha de esta reglamentación representa un paso fundamental dentro de la política minera provincial, ya que permitirá establecer reglas claras para incrementar el derrame económico de los grandes proyectos que se desarrollan en San Juan.

Con esta nueva normativa, el Ejecutivo busca que el crecimiento de la minería no solo esté asociado a la inversión y la producción, sino también a la generación de empleo, el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas locales y la consolidación de una cadena de proveedores sanjuaninos capaz de acompañar el desarrollo del sector en los próximos años.