Mineras sanjuaninas salieron al cruce de la prioridad energética otorgada a Vicuña

Empresas como Los Azules, Hualilán, Veladero y Gualcamayo expresaron objeciones y plantearon condiciones durante la audiencia pública que analizó el acceso a la línea de 500 kV para el proyecto Vicuña.

La definición sobre el acceso a la infraestructura energética que demandarán los grandes proyectos mineros de San Juan sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando cuatro compañías con presencia en la provincia manifestaron objeciones y condicionamientos a la resolución nacional que otorga prioridad de uso de la línea de 500 kV al proyecto Vicuña para el desarrollo de Josemaria.

Las exposiciones tuvieron lugar durante la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad (ENReGE), organismo que analiza el pedido de prioridad de acceso y las obras de ampliación necesarias para garantizar el abastecimiento eléctrico de uno de los emprendimientos cupríferos más importantes del país.

Durante la jornada, representantes de Los Azules, Hualilán, Veladero y Gualcamayo coincidieron en expresar inquietudes respecto de los criterios utilizados para determinar la disponibilidad de capacidad en la red eléctrica y el impacto que la medida podría tener sobre otros proyectos mineros que también requerirán energía en los próximos años.

Entre las intervenciones más críticas se destacó la de Miguel Gil, representante de Los Azules, quien sostuvo que la resolución carece de fundamentos técnicos suficientemente sólidos para justificar la asignación prioritaria de 545,7 MW a favor de Vicuña. Según planteó, los estudios utilizados para respaldar la decisión se apoyan en estimaciones que no reflejan con precisión las condiciones reales del sistema de transporte eléctrico.

Además, cuestionó que, pese a que posteriormente se aclaró que la demanda energética corresponde específicamente a Josemaría y no al conjunto del proyecto Vicuña, la prioridad concedida permaneció sin modificaciones. También advirtió que una reserva de capacidad por un período de 25 años sobre infraestructura estratégica podría limitar las posibilidades de conexión de futuros desarrollos mineros.

En la misma línea se expresó Sonia Delgado, presidenta de Hualilán, quien manifestó preocupación por las consecuencias que la medida podría generar sobre la planificación de ese proyecto aurífero. Explicó que la iniciativa prevé requerimientos energéticos de 15 MVA para 2028 y 40 MVA para 2030, con plazos de conexión que, según indicó, serían incluso anteriores a los contemplados para la empresa beneficiada por la resolución.

Delgado cuestionó además la posibilidad de otorgar prioridad sobre una infraestructura financiada parcialmente con recursos públicos y señaló que los modelos utilizados para calcular la capacidad disponible no representarían adecuadamente las limitaciones operativas del sistema eléctrico.

Por su parte, Barrick, operadora de Veladero, adoptó una posición más conciliadora. A través de su representante Ariadna Rodríguez, la compañía manifestó su respaldo al desarrollo de nuevas inversiones mineras y a las solicitudes planteadas por Vicuña, aunque remarcó la necesidad de preservar los derechos de acceso energético que considera adquiridos a partir de acuerdos firmados desde 2006.

La ejecutiva recordó que Veladero cuenta con reconocimiento legal para acceder a una capacidad de hasta 250 MW, en virtud de su participación en el financiamiento de infraestructura eléctrica estratégica para la provincia. También destacó que las empresas privadas realizaron aportes cercanos a los 55 millones de dólares para la construcción de la línea Nueva San Juan-Rodeo y solicitó la apertura de una instancia de diálogo que permita encontrar soluciones técnicas que eviten futuras restricciones en la red.

Desde Gualcamayo, el representante Juan Pablo García expresó un apoyo condicionado a la resolución, reclamando que se respeten los derechos energéticos que la empresa considera consolidados por sus inversiones históricas. En ese sentido, recordó la participación de la compañía en el financiamiento de obras clave como la línea Jáchal-Huaco y la Estación Transformadora Huaco, infraestructura que hoy forma parte del esquema energético utilizado por la actividad minera en San Juan.

La audiencia concluyó con una nueva intervención de Adriel Rizzeto, representante de Vicuña, quien respondió a varios de los planteos realizados por las demás compañías. El ejecutivo aseguró que la prioridad solicitada no afecta la capacidad actualmente disponible en la línea de 500 kV, sino únicamente aquella que se incorporará a partir de las ampliaciones previstas para el sistema.

Asimismo, afirmó que las obras proyectadas no generarán costos para el Estado ni para los usuarios y destacó que toda la infraestructura resultante será incorporada al Sistema Argentino de Interconexión, quedando bajo administración del sistema eléctrico nacional.

De esta manera, la discusión dejó en evidencia las tensiones que comienzan a surgir en torno al uso de la infraestructura energética necesaria para acompañar el crecimiento de la minería sanjuanina, en un escenario donde varios proyectos de gran escala competirán por el acceso a recursos estratégicos para su desarrollo.