San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero para fortalecer el empleo, los proveedores y la participación provincial

La Cámara de Diputados de San Juan convirtió en ley el proyecto de Desarrollo Local Minero, una de las iniciativas más relevantes impulsadas por el Gobierno provincial para potenciar el impacto económico y social de la actividad minera. La normativa busca garantizar que las inversiones que llegarán con el desarrollo de los grandes proyectos metalíferos se traduzcan en más empleo para los sanjuaninos, un mayor crecimiento de las empresas locales y una participación más activa de las comunidades en la cadena de valor de la industria.

La iniciativa fue aprobada durante la sesión de este jueves con 33 votos afirmativos. Los únicos votos negativos correspondieron a los diputados Graciela Seva y Mario Herrero, mientras que el legislador Fernando Patinella no participó de la votación por no encontrarse presente en el recinto. De esta manera, la provincia incorpora un nuevo marco legal destinado a reemplazar la Ley 1208-M, una norma que nunca llegó a implementarse plenamente y que había quedado desactualizada frente al nuevo escenario que atraviesa la minería sanjuanina.

La sanción de esta ley llega en un momento considerado estratégico para San Juan, que concentra algunos de los proyectos cupríferos más importantes del país y de la región, entre ellos Los Azules, Vicuña, Josemaría y Filo del Sol. La creciente demanda mundial de cobre, impulsada por la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, posiciona a la provincia como uno de los principales destinos de inversión minera de Argentina. En ese contexto, el Gobierno provincial busca que ese crecimiento no se limite únicamente a la producción de minerales, sino que genere un fuerte impacto sobre la economía local mediante la creación de empleo, el fortalecimiento del sector privado y el desarrollo de nuevas capacidades productivas.

La nueva legislación establece que las empresas mineras deberán presentar planes de desarrollo local donde asuman compromisos concretos respecto de la contratación de mano de obra sanjuanina. Entre sus principales objetivos fija que al menos el 80 % de los trabajadores vinculados a cada proyecto sean residentes de la provincia. La prioridad será para los habitantes del departamento donde se encuentre el emprendimiento minero y, posteriormente, para los trabajadores del resto del territorio provincial. Para alcanzar esas metas, la norma también promueve programas permanentes de capacitación y formación técnica destinados a mejorar las competencias laborales y responder a las necesidades de una industria cada vez más especializada.

Otro de los pilares de la ley apunta al fortalecimiento del entramado empresarial sanjuanino mediante una mayor participación de los proveedores locales en la actividad minera. La normativa establece como objetivo que el 60 % de las compras de bienes y la contratación de servicios se realicen con empresas radicadas en San Juan. Para facilitar ese proceso se creará un Registro Provincial Único de Proveedores Mineros, de carácter público, en el que podrán inscribirse aquellas firmas que acrediten domicilio en la provincia y una participación mayoritaria de capitales sanjuaninos. La intención es generar mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas locales y ampliar su inserción dentro de la cadena de abastecimiento de los grandes proyectos.

Durante el tratamiento legislativo, el proyecto incorporó modificaciones surgidas del trabajo en comisión que fortalecieron la participación de los municipios. Entre los cambios más importantes se incluyó la incorporación de los gobiernos departamentales al Consejo Consultivo previsto por la ley y se establecieron requisitos adicionales para acceder a los beneficios fiscales contemplados en la normativa. En ese sentido, las empresas deberán garantizar que, dentro de los porcentajes mínimos de contratación de proveedores y trabajadores sanjuaninos, al menos el 20 % de las compras se realicen en empresas del municipio donde se desarrolla el proyecto y que el 30 % del personal contratado corresponda a habitantes de ese departamento. El objetivo es que las comunidades directamente vinculadas con la actividad minera sean las primeras beneficiarias del crecimiento económico generado por las inversiones.

La ley también contempla un régimen de incentivos destinado a las empresas que acrediten un fuerte compromiso con el desarrollo local. Aquellas compañías que cumplan las metas de contratación de trabajadores y proveedores sanjuaninos podrán acceder a certificados de crédito fiscal para cancelar impuestos provinciales, generando un estímulo económico para quienes superen los objetivos previstos por la normativa. Paralelamente, el Ministerio de Minería será la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los planes presentados por las empresas mediante declaraciones juradas, además de aplicar sanciones y multas en caso de incumplimientos.

Con la aprobación de esta norma, San Juan busca consolidar un modelo de desarrollo minero que trascienda la extracción de recursos naturales y promueva una mayor integración entre las inversiones, las empresas locales, los trabajadores y las comunidades. La nueva legislación pretende convertir a la minería en un verdadero motor de crecimiento económico, favoreciendo la generación de empleo de calidad, el fortalecimiento del sector productivo provincial, la innovación tecnológica y una distribución más amplia de los beneficios derivados de una actividad que se perfila como uno de los principales ejes del desarrollo sanjuanino durante las próximas décadas.