CAEM celebró la aprobación de San Jorge y afirmó que comienza una nueva etapa para Mendoza

La Cámara Argentina de Empresas Mineras destacó la decisión del Senado mendocino y aseguró que la provincia ingresa en un ciclo de desarrollo productivo basado en el cobre.

La aprobación definitiva de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge por parte del Senado de Mendoza generó rápidas repercusiones en el sector minero. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebró la resolución legislativa y aseguró que la provincia ingresa en una etapa decisiva para su diversificación económica y su integración al mapa minero nacional.

El proyecto San Jorge, que ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre, se convierte así en la primera iniciativa cuprífera de escala significativa en avanzar hacia su desarrollo en territorio mendocino. Desde CAEM sostuvieron que la decisión representa “un hito histórico”, no solo por su impacto económico, sino por el mensaje de previsibilidad y apertura a las inversiones.

En un comunicado, la entidad empresarial destacó que la aprobación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino, junto con la autorización para continuar la exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), “marca el inicio de una transformación profunda que permitirá diversificar la matriz productiva de Mendoza y proyectar un modelo sostenible para las próximas décadas”.

La Cámara subrayó que el cobre es un mineral estratégico para la transición energética global y que su desarrollo generará empleo calificado, nuevas oportunidades para pymes locales, inversiones tecnológicas y mayor competitividad para la región. “Proyectos estratégicos como PSJ posicionan a la provincia como un actor clave en la producción de minerales críticos, con capacidad para atraer inversiones y dinamizar las economías locales”, remarcó el comunicado.

Asimismo, CAEM señaló que los avances en Mendoza envían una señal positiva al país en su conjunto, al demostrar que la minería responsable puede integrarse a un esquema de desarrollo que combine crecimiento económico, protección ambiental y consenso social. En ese sentido, destacaron que la decisión fue posible gracias a un marco regulatorio claro y un proceso de diálogo sostenido entre los distintos actores involucrados.