Cobre y litio reconfiguran la relación entre Argentina y Chile y reactivan el histórico tratado minero de 1997
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La creciente competencia global por el cobre y el litio está marcando un punto de inflexión en la relación entre Argentina y Chile, que atraviesan una nueva etapa de acercamiento estratégico mientras buscan consolidarse como proveedores clave de minerales críticos para la transición energética mundial. En ese contexto, ambos países avanzan en la reactivación operativa del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado en 1997 por Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un acuerdo que llevaba años sin aplicación efectiva y que ahora vuelve a ocupar un lugar central ante el auge de proyectos en la Cordillera de los Andes.
La próxima reunión de la Comisión Administradora bilateral, prevista para el 7 de julio en Buenos Aires, fue anticipada por el periodista chileno Jaime Trancoso R. del medio Ex Ante. Según su información, ya se produjo un primer encuentro entre el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, y el secretario de Minería argentino, Luis Lucero, durante la reciente Expo San Juan Minera 2026, donde la delegación argentina estuvo encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Estas conversaciones no se dan de manera aislada. En paralelo, la visita de la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, a la Argentina sumó una señal política y técnica de reactivación de la agenda bilateral. La funcionaria encabezó una delegación integrada por ejecutivos de empresas eléctricas, gasíferas, transmisoras y organismos públicos, en un viaje que incluyó reuniones con actores del sector energético argentino como YPF y TotalEnergies, además de representantes de compañías internacionales como Enel, Engie, EDF, AES Corporation, ENAP y GasAndes.
El objetivo común que emerge de estos encuentros es claro, reimpulsar la integración energética y minera entre ambos países, con especial foco en gas, electricidad, infraestructura e inversiones estratégicas a lo largo de la frontera. En ese marco, fuentes oficiales señalaron que la intención no sería modificar el tratado vigente, sino reactivarlo plenamente, dado que las comisiones bilaterales no registran actividad desde 2019. El desafío inmediato pasa por agilizar protocolos técnicos y administrativos que permitan acelerar proyectos logísticos y de circulación de bienes y servicios entre ambos lados de la Cordillera.
El movimiento diplomático y técnico ocurre en un contexto de fuerte expansión del sector minero argentino, impulsado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Este esquema ha comenzado a modificar el mapa regional del sector y a generar atención en Chile, históricamente líder mundial en producción de cobre.
De acuerdo con estimaciones de la consultora ABECEB, la Argentina ya acumula compromisos de inversión minera superiores a los 50.000 millones de dólares, concentrados principalmente en cobre y litio. El pipeline de proyectos vinculados al régimen asciende a 46.073 millones de dólares entre iniciativas aprobadas y en evaluación.
Desde el punto de vista regulatorio, el cambio es significativo. “Argentina sorteó su histórica restricción tributaria con el RIGI. Eso niveló bastante la cancha con Chile”, explicó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de ABECEB. En ese marco, destacó que la previsibilidad fiscal por 30 años en un escenario global que demanda minerales críticos está mejorando la competitividad de proyectos de gran escala.
Sin embargo, las diferencias estructurales entre ambos países siguen siendo determinantes. Mientras Chile cuenta con una minería madura, con yacimientos en etapa avanzada de explotación y menores leyes de mineral que elevan los costos, Argentina se posiciona con proyectos greenfield de clase mundial aún sin desarrollar, lo que representa un atractivo para nuevas inversiones.
A pesar de ese potencial, la Argentina todavía no es un productor relevante de cobre. Las primeras grandes producciones se proyectan recién hacia 2030. En contraste, el litio ya muestra resultados concretos: en 2025, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un récord de 6.075 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 31,3 por ciento. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas externas del sector crecieron 81,6 por ciento y llegaron a 2.409 millones de dólares.
El Tratado Minero de 1997 no contempla integración tributaria ni reparto de recursos, sino que establece un marco de cooperación logística y operativa para proyectos ubicados en zonas fronterizas de alta complejidad geográfica. Su implementación depende de protocolos específicos que se activan según cada proyecto.
“El tratado se utiliza a demanda”, explicó Izquierdo. “Si un proyecto necesita acceder a caminos en Chile o sacar producción por el Pacífico, se requieren aprobaciones bilaterales”. En ese sentido, la posibilidad de salida hacia el océano Pacífico sigue siendo uno de los objetivos estratégicos de la Argentina en materia de infraestructura y logística minera.
Con el avance de proyectos de gran escala en zonas cordilleranas como Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, El Pachón e Incahuasi-Los Helados, la cooperación transfronteriza adquiere una dimensión más práctica, vinculada al uso compartido de caminos, servicios, puertos y abastecimiento.
Desde el sector privado, sin embargo, descartan una lógica de competencia directa entre ambos países. “La minería en Sudamérica es claramente complementaria”, señaló Ignacio Celorrio, integrante del Comité Ejecutivo de la Cámara Minera y referente del sector legal minero. Según explicó, el tratado fue diseñado precisamente para combinar experiencia y potencial geológico sin afectar la soberanía de los recursos.
En términos fiscales, el esquema tampoco implica redistribución de ingresos. Los impuestos continúan tributándose en el país donde se ubican los yacimientos, mientras que el acuerdo solo facilita la movilidad de personas, servicios e infraestructura.
Aun así, la competencia por inversiones es un hecho. Chile mantiene una cartera minera proyectada superior a los 104.000 millones de dólares para el período 2025-2034, aunque la mayoría corresponde a ampliaciones de operaciones existentes. Al mismo tiempo, enfrenta procesos regulatorios complejos que pueden extenderse entre cinco y once años, con hasta 2.000 permisos por proyecto.
En ese escenario, Argentina aparece con ventajas relativas para nuevos desarrollos, especialmente por su cartera de proyectos greenfield y la reducción de incertidumbre fiscal. Uno de los proyectos emblemáticos de esta nueva etapa es Vicuña, impulsado por BHP y Lundin, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con inversiones estimadas en hasta 18.000 millones de dólares y producción proyectada hacia 2032.
El desarrollo del cobre se perfila además como uno de los ejes estratégicos del gobierno de Javier Milei. “El litio volvió a poner a la Argentina en el mapa global, pero el cobre puede transformar estructuralmente la economía”, sostuvo Celorrio.
En esa línea, el desafío central ya no es solo atraer inversiones, sino avanzar hacia la etapa de financiamiento y construcción de proyectos. “El RIGI es clave, pero todavía falta consolidar el financiamiento. Si eso ocurre, la minería puede convertirse en uno de los pilares del desarrollo argentino”, concluyó.
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