Crece el respaldo social a la minería en Argentina y se impone una demanda de equilibrio con el ambiente

Un estudio de la consultora Poliarquía revela un cambio en la percepción pública sobre la actividad minera, en medio del debate legislativo por la reforma de la Ley de Glaciares. Aumenta el apoyo al sector, aunque persiste una exigencia central: desarrollo económico con resguardo ambiental y sustento científico.

En un contexto decisivo para el futuro de la minería en Argentina, un nuevo estudio de Poliarquía Consultores expone un cambio significativo en la mirada social sobre la actividad. El relevamiento, realizado en pleno debate por la reforma de la Ley de Glaciares, muestra una sociedad más receptiva al desarrollo minero, aunque con una condición clara: que avance sin comprometer el ambiente ni las fuentes de agua.

El trabajo fue elaborado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 sobre una muestra nacional de 995 casos, con un margen de error de +/- 3,11% y un nivel de confianza del 95%. Según el informe, el 61% de los encuestados se manifestó a favor del desarrollo minero, frente a un 19% en contra y un 20% que no expresó una posición definida. El dato cobra especial relevancia por el momento en que fue medido, ya que coincidió con el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares en el Senado, que luego pasó a la Cámara de Diputados para su debate en audiencias públicas.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es el cambio en las asociaciones que despierta la minería entre los argentinos. Si bien la palabra “contaminación” continúa encabezando las respuestas espontáneas, su peso cayó con fuerza: pasó del 48% en 2025 al 33% en 2026. En paralelo, crecieron las menciones ligadas a la producción, el desarrollo y el empleo, lo que sugiere una transformación en el imaginario social en torno al sector. El dato no elimina las preocupaciones ambientales, pero sí muestra una apertura mayor hacia la actividad como motor económico.

Ese cambio de percepción, sin embargo, convive con una limitación importante: el nivel de conocimiento sobre minería sigue siendo bajo. Solo una minoría afirma saber mucho o bastante sobre la actividad, aunque el informe detecta una mejora respecto de años anteriores. Esta combinación —más expectativas y todavía poca información— aparece como uno de los principales desafíos para el sector, que deberá fortalecer su vínculo con la sociedad a través de información clara, evidencia técnica y resultados concretos.

El estudio también revela que la actividad minera es percibida de manera positiva en términos generales. Seis de cada diez argentinos consideran que al sector “le va bien” o “muy bien”, aun cuando la evolución real de algunos segmentos estratégicos, como el cobre o el litio, todavía no alcanzó la escala de crecimiento que muchas veces se proyecta en el debate público. En ese escenario, el respaldo social actual podría convertirse más adelante en una mayor exigencia de beneficios tangibles, especialmente en empleo, inversión y desarrollo territorial.

En paralelo, la discusión por la Ley de Glaciares logró instalarse con fuerza en la agenda pública. El 71% de los encuestados aseguró haber escuchado noticias recientes sobre el tema, un dato que confirma el nivel de exposición alcanzado por el debate. La Cámara de Diputados convocó formalmente a audiencias públicas para tratar el proyecto de modificación de la norma, con jornadas presenciales y virtuales realizadas durante marzo, lo que amplificó aún más la discusión en torno a la protección del ambiente periglacial y el desarrollo de proyectos productivos.

Sin embargo, el dato más contundente del relevamiento aparece al momento de definir qué debería priorizar el Estado en esta discusión. Lejos de una lógica de confrontación entre producción y ambiente, la mayoría de los argentinos optó por una posición de equilibrio: el 56% considera que deben resguardarse al mismo tiempo el ambiente y las fuentes de agua, junto con el desarrollo económico y las inversiones mineras. En contraste, el 29% se inclinó exclusivamente por la protección ambiental y el 15% por una prioridad centrada en la economía.

Ese resultado marca un punto de inflexión en la discusión pública. Ya no se trata solamente de “minería sí” o “minería no”, sino de cómo construir condiciones de desarrollo que sean socialmente aceptables, ambientalmente responsables y técnicamente sostenibles. En esa línea, el estudio también refleja a quiénes les asigna mayor legitimidad la ciudadanía para orientar el debate: el 69% confía en científicos y expertos, muy por encima de organizaciones ambientalistas, el Gobierno nacional, el Congreso o los gobiernos provinciales.

La conclusión que deja el informe es contundente: la minería gana espacio en la consideración pública, pero lo hace bajo nuevas reglas sociales. La sociedad parece dispuesta a acompañar el desarrollo del sector, siempre que exista un equilibrio real entre crecimiento, protección ambiental y evidencia científica. En medio del tratamiento legislativo de la Ley de Glaciares, esa demanda de compatibilidad —y no de confrontación— aparece hoy como el verdadero centro de la discusión.

Fuente: Ambito