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EDITORIAL | El boom minero no puede dejar al proveedor local estacionado en la banquina. Pero lo esta haciendo

  • hace 1 hora
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El boom minero que se anuncia para San Juan representa, sin lugar a dudas, una oportunidad histórica para transformar la economía de departamentos como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Las inversiones que se proyectan, la magnitud de los nuevos proyectos y la cantidad de servicios que serán necesarios permiten imaginar un escenario de crecimiento que podría generar empleo, fortalecer empresas y modificar profundamente la realidad económica de las comunidades. Pero detrás de esta enorme expectativa existe una preocupación que cada vez toma mayor fuerza entre los empresarios locales y que debe ser discutida antes de que las grandes inversiones comiencen a desplegar todo su potencial. ¿Qué lugar tendrán realmente las empresas de las comunidades dentro de este nuevo escenario minero?



Porque una cosa es hablar de desarrollo de proveedores locales y otra muy distinta es que esos proveedores tengan una participación concreta en las grandes contrataciones. Y hoy existe una sensación cada vez más fuerte de que muchas empresas locales, especialmente las pequeñas y medianas, están quedando prácticamente afuera de los grandes negocios que genera la actividad minera. No porque no tengan capacidad, experiencia o conocimiento del territorio, sino porque muchas veces no cuentan con la estructura económica y financiera necesaria para competir directamente contra compañías de mayor tamaño que llegan desde otros puntos del país.


El problema se vuelve todavía más evidente cuando algunas empresas externas logran adjudicarse importantes licitaciones y posteriormente instalan una base operativa en Iglesia, Jáchal o Calingasta. Desde ese momento, pasan a ser consideradas parte del movimiento económico de la zona, generan alguna contratación local y comienzan a operar desde el territorio, pero al mismo tiempo son ellas las que concentran las principales contrataciones y administran buena parte de los servicios que requiere el proyecto minero. Entonces aparece una pregunta que no puede ser esquivada ¿qué sucede con las empresas que nacieron, crecieron y resistieron durante años en esas mismas comunidades?


Porque instalar una oficina, un galpón o una base operativa en Iglesia, Jáchal o Calingasta no necesariamente significa desarrollar proveedores locales. Una empresa puede establecerse físicamente en una comunidad y continuar concentrando la mayor parte de sus beneficios fuera de ella. El verdadero desarrollo local debería medirse por la cantidad de empresas de la zona que consiguen contratos, por la cantidad de trabajadores locales que incorporan, por las inversiones que realizan los empresarios del departamento y por la capacidad que adquieren las pequeñas y medianas compañías para crecer y competir.


Si una empresa de afuera gana una licitación millonaria, instala una base en Iglesia y luego contrata directamente sus propios servicios, sus propios equipos o sus proveedores habituales, el derrame sobre la comunidad puede terminar siendo mucho menor de lo que se anuncia. Y esto es justamente lo que debería preocupar a quienes diseñan las políticas de desarrollo de proveedores.

No alcanza con que la empresa esté radicada en la zona de influencia del proyecto. Hay que preguntarse cuánto de ese contrato queda realmente en manos de empresarios de la comunidad.


La diferencia es enorme. Una cosa es tener presencia física en el departamento y otra muy diferente es generar un ecosistema de empresas locales que crezcan alrededor de la actividad minera. El objetivo debería ser que una empresa de Iglesia pueda pasar de tener cinco trabajadores a tener veinte, que pueda comprar un nuevo camión, incorporar maquinaria, mejorar sus instalaciones, capacitar a sus empleados y comenzar a competir por contratos cada vez más importantes. Lo mismo debería suceder con una empresa de Jáchal o Calingasta.

Pero para que eso ocurra necesitan contratos.


Y allí está el punto central de esta discusión. Las empresas locales, justamente por ser pequeñas, necesitan que se les otorguen oportunidades para poder crecer. No pueden alcanzar la escala de una gran compañía nacional si nunca acceden a contratos de magnitud. No pueden renovar toda su flota si apenas reciben servicios menores. No pueden contratar más trabajadores si no tienen previsibilidad. No pueden invertir en capacitación si desconocen si tendrán trabajo el mes siguiente.


Es imposible exigirle a una empresa local que tenga la estructura de una multinacional si nunca se le permite avanzar en la cadena de valor.


Por eso, cuando se habla de competitividad, también hay que hablar de igualdad de oportunidades. Las empresas locales deben competir, por supuesto. Pero necesitan condiciones que les permitan competir. Porque si todas las licitaciones de mayor volumen quedan sistemáticamente en manos de grandes compañías externas, mientras los proveedores de Iglesia, Jáchal y Calingasta solamente reciben contratos secundarios, entonces el supuesto desarrollo local terminará siendo una ilusión.


Y aquí es donde el transporte aparece como uno de los ejemplos más claros.

Se habla de que el boom minero necesitará cientos de camiones y de que habrá una posible escasez de choferes capacitados para trabajar en alta montaña. Se están impulsando capacitaciones y se analiza cómo preparar a trabajadores para atender esa demanda. Todo eso es necesario. Pero existe una pregunta mucho más profunda ¿quién va a ser propietario de esos camiones, combis, camionetas o colectivos?


Porque si la respuesta termina siendo que la mayor parte de las unidades serán de grandes empresas externas que llegan a la provincia, instalan una base en Iglesia o Calingasta y comienzan a prestar los servicios, entonces nuevamente los empresarios locales quedarán relegados. Habremos capacitado a los trabajadores, pero no necesariamente habremos fortalecido a las empresas de nuestras comunidades.


El transporte local necesita contratos para crecer. Necesita que una empresa de Iglesia pueda incorporar dos o tres camiones nuevos porque consiguió un servicio minero. Necesita que un empresario de Jáchal pueda contratar nuevos choferes porque aumentó su volumen de trabajo. Necesita que un transportista de Calingasta pueda renovar su flota porque logró acceder a una licitación. Esa es la verdadera cadena de desarrollo.


De lo contrario, podemos encontrarnos con una situación paradójica. Las grandes empresas mineras anuncian inversiones multimillonarias, los proyectos generan una demanda gigantesca de servicios, circulan cientos de camiones por nuestras rutas y se multiplican las necesidades de logística, pero las pequeñas empresas que ya estaban instaladas y que son de las comunidades no logran crecer porque los principales contratos fueron absorbidos por compañías externas.


Y entonces debemos preguntarnos si realmente estamos construyendo desarrollo en Iglesia, Jáchal y Calingasta o simplemente estamos trasladando la actividad económica hacia los departamentos mientras las ganancias de la cadena de servicios terminan concentrándose en empresas que tienen su estructura principal fuera de las comunidades.


La historia puede volver a repetirse, pero esta vez de una manera mucho más compleja y dolorosa.


Durante décadas se discutió que las comunidades mineras no recibían todo el beneficio que deberían recibir de una actividad que se desarrolla en sus territorios. Hoy tenemos la posibilidad de corregir esa historia. Pero si las grandes empresas llegan, ganan las licitaciones, instalan sus bases operativas en Iglesia, Jáchal o Calingasta y concentran prácticamente toda la cadena de contratación, podríamos terminar repitiendo el mismo problema con empresas todavía más grandes y contratos muchísimo más millonarios.


Y esta vez el riesgo es mayor porque las pequeñas empresas locales pueden quedar definitivamente fuera de competencia.


Una empresa que no consigue contratos no crece. Una empresa que no crece no puede invertir. Una empresa que no puede invertir pierde competitividad. Y una empresa que pierde competitividad termina desapareciendo. Ese es el círculo que debe evitarse.


No se trata de pedir que las empresas locales reciban contratos por el simple hecho de ser locales. Se trata de construir un sistema donde tengan una verdadera posibilidad de participar, asociarse, capacitarse, acceder a financiamiento y competir por contratos acordes con su capacidad.


Las grandes empresas pueden y deben formar parte del desarrollo minero de San Juan. Tienen capacidad financiera, tecnológica y operativa para afrontar proyectos de enorme magnitud. Pero no pueden convertirse en una aspiradora que absorba prácticamente toda la cadena de servicios y deje a los pequeños empresarios de las comunidades solamente las migajas del negocio.


Si una gran compañía gana una licitación, debería existir un compromiso concreto para que una parte significativa de los servicios pueda ser desarrollada por empresas locales. Y no solamente mediante declaraciones de buena voluntad, sino a través de acuerdos verificables, metas de contratación, programas de desarrollo de proveedores y mecanismos de seguimiento.


Las rondas de negocios son positivas, pero ya no alcanzan. Iglesia, Jáchal y Calingasta necesitan que esas reuniones se transformen en contratos, asociaciones y oportunidades concretas. Necesitan que el empresario local salga de la reunión con una posibilidad real de convertirse en proveedor y no solamente con una tarjeta de presentación.


Porque el verdadero desarrollo local no se mide por cuántas empresas de afuera abren una oficina en nuestros departamentos. Se mide por cuántas empresas locales logran crecer gracias a la minería.


Si una empresa de Iglesia tenía cinco empleados antes del boom minero y dentro de cinco años tiene treinta, entonces hubo desarrollo. Si una empresa de Jáchal pudo renovar sus camiones, comprar maquinaria y contratar nuevos trabajadores, hubo desarrollo. Si una empresa de Calingasta pudo convertirse en un proveedor estratégico de un gran proyecto, hubo desarrollo.


Pero si dentro de cinco años tenemos enormes empresas externas operando desde Iglesia, Jáchal y Calingasta, mientras los pequeños proveedores que ya estaban allí continúan con la misma cantidad de trabajadores, los mismos equipos y los mismos problemas financieros, entonces tendremos que reconocer que el desarrollo no llegó a quienes más lo necesitaban.


Y peor todavía, si algunas de esas empresas locales terminan cerrando por falta de trabajo, estaremos frente a una consecuencia que nadie podrá justificar hablando de derrame económico.


Por eso el transporte local debe ocupar un lugar central en esta discusión. Los transportistas de Iglesia, Jáchal y Calingasta no pueden quedar afuera de la expansión minera. Son parte de las comunidades, generan empleo local y conocen el territorio. Deben tener acceso a oportunidades reales para crecer. Son ellos los que conocen con certeza la realidad de sus territorios.


La falta de choferes que ya comienza a advertirse puede convertirse en una oportunidad para generar empleo local, pero solamente si existe detrás una estructura empresarial local capaz de absorber esa mano de obra. No alcanza con formar conductores. Hay que formar y fortalecer empresas.


La pregunta que debe responderse desde ahora es sencilla pero determinante ¿qué porcentaje de los grandes contratos mineros quedará efectivamente en manos de empresas de Iglesia, Jáchal y Calingasta?


Esa cifra debería ser pública. La comunidad debería conocer cuántas empresas locales participan, cuánto facturan y cuántos puestos de trabajo generan. Porque solamente con información concreta podremos saber si realmente existe desarrollo de proveedores o si simplemente estamos frente a un cambio de domicilio de empresas externas.


El boom minero no debería servir para que las grandes compañías se instalen en nuestros departamentos y se lleven prácticamente todo.


Debería servir para que los empresarios de Iglesia, Jáchal y Calingasta crezcan.

Porque si las empresas locales no tienen participación, la historia se volverá a repetir. Pero esta vez con una diferencia todavía más preocupante, las compañías externas tendrán una presencia permanente dentro de las comunidades, contarán con las estructuras para quedarse con los grandes contratos y los pequeños empresarios locales podrían perder la oportunidad histórica de desarrollarse. Y cuando una oportunidad histórica pasa de largo, no siempre vuelve.


La minería está ofreciendo una posibilidad que puede transformar San Juan durante las próximas décadas. Ahora habrá que decidir si esa transformación también será para los pequeños empresarios de Iglesia, Jáchal y Calingasta o si solamente veremos crecer a quienes llegan desde afuera.


El verdadero éxito del boom minero no debería medirse únicamente en millones de dólares de inversión, toneladas producidas o cantidad de puestos de trabajo. También debería medirse en cuántas empresas locales lograron sobrevivir, crecer y convertirse en protagonistas. Porque si las empresas de nuestras comunidades quedan afuera, entonces el problema no será solamente económico.


Será, una vez más, una oportunidad perdida.


Diego Varela - Gerente Andino Minning

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