(Editorial) La farsa del “compre local”, una ley que promete desarrollo, pero amenaza con condenar al Anillo 1 al abandono definitivo

Hay momentos en los que una provincia debe mirarse al espejo y reconocer la verdad, aunque duela. Hoy, frente al proyecto de ley de proveedores mineros que el Gobierno provincial impulsa como si fuera la gran solución para el desarrollo local, ese espejo devuelve una imagen que incomoda, la de una norma que, tal como está planteada, no solo no protegerá a los pequeños proveedores de Iglesia y Jáchal, sino que profundizará la desigualdad histórica que estos departamentos han sufrido desde que la minería moderna llegó a sus cerros.

Porque mientras los discursos oficiales hablan de “consenso”, “fomento del empleo”, “fortalecimiento de la cadena de valor” y “arraigo territorial”, la letra chica refleja algo muy distinto, una ley que no garantiza, de manera real y concreta, que las comunidades mineras, el verdadero Anillo 1, puedan competir ante los gigantes empresariales de la capital.

Y ya conocemos esta historia. La vivimos con la ley anterior y sabemos cómo termina, con Iglesia y Jáchal pagando los costos y San Juan capital llevándose los beneficios.

Con la LEY anterior, cuando el Gobierno provincial presentó la normativa previa para proveedores mineros, la promesa era clara.

• “Más participación local”,

• “Más oportunidades para los proveedores de las comunidades”,

• “Más desarrollo territorial”.

¿Y qué pasó?, La creación del RUPEM, ese registro que supuestamente ordenaría y fomentaría el compre local, terminó siendo una puerta abierta para que grandes empresas de Capital entraran como ‘proveedores locales’ con solo alquilar una oficina o abrir un domicilio de papel. El resultado fue devastador, más del 80% de las contrataciones quedó concentrado en firmas con base operativa en el Gran San Juan, mientras que los verdaderos proveedores comunitarios quedaron reducidos a tareas menores, esporádicas y mal pagadas.

Los pueblos que sostienen la actividad minera, los que conviven con el tránsito pesado, el polvo, el ruido, el impacto social y ambiental, siguieron siendo espectadores del reparto económico que ellos mismos generan. La ley anterior fracasó porque nunca protegió de manera diferenciada a quienes verdaderamente viven en el territorio minero, nunca los distinguió del resto, nunca los defendió frente al poder económico, y este nuevo proyecto amenaza con repetir exactamente el mismo error.

El borrador que se presentó recientemente, en una reunión a la que asistieron cámaras empresarias de peso y colegios profesionales, trae palabras bonitas, pero ninguna garantía concreta.

1. El concepto de “proveedor local” sigue siendo un agujero negro

Si “proveedor local” es cualquiera que tenga domicilio en la provincia, entonces las grandes empresas de Capital volverán a arrasar en todas las licitaciones. Esto ya pasó, lo sabemos, está documentado, y generó un retroceso enorme en la participación del proveedor del Anillo 1.

2. “Proveedor de la comunidad”: una etiqueta sin poder real

La figura del “proveedor de la comunidad” es presentada como la solución. Pero si no se acompaña de cupos obligatorios, preferencias contractuales, bonificaciones en la evaluación técnica y exclusividad en ciertos rubros, será simplemente un título decorativo. Un balcarceño puede poner una oficina en Iglesia y decir que es “proveedor comunitario”. Un capitalino puede alquilar una casa en Jáchal y exigir el mismo estatus. Mientras tanto, el comerciante que nació en Rodeo y que invirtió toda su vida en su distrito deberá competir contra ellos.

3. Las mineras seguirán manejando la cancha

El borrador exige que las operadoras presenten un plan anual de desarrollo de proveedores. Pero no establece sanciones claras si no cumplen, no exige metas obligatorias, no fija porcentajes mínimos de contratación comunitaria, no las obliga a demostrar por qué descartan a un proveedor del territorio.

Es decir, todo queda librado a la buena voluntad de las mineras, y ya sabemos cómo funciona eso.

Es fácil decir que “todos compitan en igualdad de condiciones”. La pregunta es,¿Qué igualdad puede haber entre un pequeño proveedor iglesiano que tiene tres empleados y una camioneta, y una empresa de Capital con flota, logística, créditos y estructura técnica?

• Ellos tienen 20 años de trayectoria;

• Ellos pueden bajar precios a pérdida para ganar licitaciones;

• Ellos pueden presentar carpetas inmaculadas con departamentos legales completos;

• Ellos pueden instalar una filial fantasma en Iglesia para simular arraigo;

• Ellos pueden hablar en las mesas de poder;

• Ellos pueden influir en cada decisión administrativa.

Los pequeños proveedores no pueden hacer ninguna de esas cosas, y lo peor es que el Gobierno lo sabe.

Señor Gobernador, esto debe decirse con firmeza, La plata que permite que la provincia muestre sus obras, pague sueldos y sostenga programas sociales NO sale del centro, sale del norte minero, sale de Iglesia y de Jáchal, sale de los cerros donde la actividad genera riqueza.

Sin embargo, es en esos departamentos donde:

• no hay rutas en condiciones,

• los servicios son limitados,

• los créditos no llegan,

• las oportunidades se achican,

• y los proveedores sobreviven como pueden.

¿Es justo que los mismos pueblos que sostienen a la minería sean los que queden afuera del reparto económico?, ¿Es justo que los que viven a pocos Kilometros de los proyectos queden desplazados por empresas que operan a a mas de 350 km?

Si el proyecto realmente pretende fortalecer el desarrollo local, entonces debe incluir.

1. Cuotas obligatorias para proveedores comunitarios

No “preferencias”.Cuotas. Porcentajes fijos. Garantías.

2. Validación real del arraigo

No alcanza con domicilios.Debe haber:

• empleados locales,

• base operativa real,

• patrimonio radicado,

• historial comprobable en la comunidad.

3. Sanciones económicas a las mineras que no cumplan

No simples llamados de atención. Multas, Suspensiones, Imposibilidad de renovar permisos.

4. Fondos de compensación territorial

Parte de los contratos debe ser reinvertida directamente en los departamentos mineros.

5. Mesas de control con participación comunitaria real

No cámaras de Capital decidiendo por todos. Iglesia y Jáchal deben tener voz y voto.

Sin eso, la ley será otro instrumento para seguir concentrando riqueza y poder en el Gran San Juan, mientras el territorio que genera esa riqueza queda rezagado.

El Gobernador tiene la oportunidad y la responsabilidad de hacer lo correcto, de romper con años de injusticia, de demostrar que la minería puede ser una herramienta de desarrollo real “desde adentro” y no un mecanismo de extracción económica.

Todavía está a tiempo, pero los pueblos del Anillo 1 están cansados de promesas vacías, cansados de discursos que no llegan al territorio, cansados de ver pasar camiones cargados de riqueza mientras ellos permanecen al costado de la ruta.

La ley puede ser histórica, o puede ser una nueva traición.

La decisión, señor Gobernador, es suya, y la historia no suele perdonar a quienes se olvidan de dónde sale la riqueza que administran.