El Gobierno avanza en un decreto para desburocratizar y fortalecer la Ley de Inversiones Mineras

El Ministerio de Economía trabaja en una actualización reglamentaria destinada a simplificar procesos, reducir discrecionalidad y garantizar la convivencia entre la Ley 24.196 y el RIGI.

El Gobierno nacional avanza en una reforma integral de la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196), un régimen con más de tres décadas de vigencia que será actualizado mediante un Decreto Reglamentario orientado a modernizar su funcionamiento. Los lineamientos generales de esta iniciativa fueron presentados durante el cierre del Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre de Panorama Minero.

La propuesta busca una desburocratización profunda del sistema, con el objetivo de fortalecer el régimen para aquellos proyectos que, por características o tiempos de desarrollo, no ingresen al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Al mismo tiempo, la iniciativa apunta a coordinar ambos marcos legales, permitiendo su convivencia sin superposición de beneficios.

Los alcances del futuro decreto fueron expuestos por la directora nacional de Inversiones Mineras, María Eugenia Bais, y los especialistas en evaluación de proyectos Tay Such y Daniel Jeréz, quienes analizaron el funcionamiento actual del régimen y los cambios que se consideran necesarios para mejorar la atracción de inversiones hacia el sector.

Bais explicó que las modificaciones buscan revertir la discrecionalidad y los niveles de incumplimiento registrados en años anteriores. Señaló que “la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI no serán excluyentes, sino complementarios”, siempre que los beneficios no coincidan en naturaleza ni se superpongan. Para ello, el Ministerio de Economía definirá parámetros específicos que permitan una aplicación armónica entre ambos regímenes, especialmente en proyectos con trayectoria bajo la ley 24.196 que evalúan incorporarse al RIGI.

La funcionaria destacó que el RIGI está orientado a asegurar condiciones para la construcción y puesta en marcha de proyectos de inversión, otorgando estabilidad fiscal, cambiaria, tributaria y aduanera por un período de 30 años. A diferencia de esto, la Ley de Inversiones Mineras mantiene incentivos propios —como la doble deducción del Impuesto a las Ganancias— que continúan siendo relevantes para la planificación de empresas que no accedan al régimen de grandes inversiones.

“La Ley de Inversiones Mineras comienza nuevamente a recibir consultas”, afirmó Bais, al remarcar que el régimen seguirá vigente y deberá fortalecerse para recuperar su funcionamiento histórico. Agregó que numerosos proyectos de menor escala dependen exclusivamente de esta ley para obtener incentivos, lo que vuelve imprescindible su actualización.

La modificación más profunda provendrá del nuevo decreto reglamentario, que buscará eliminar trámites que habilitan interpretaciones dispares y unificar criterios administrativos. Entre los cambios previstos se incluyen ajustes al régimen de importaciones, la devolución del IVA, el sistema de amortizaciones, la armonización ambiental con las áreas técnicas competentes y la reformulación de las declaraciones juradas anuales.

Bais aclaró que el proceso de desregulación “no implica menor control, sino un control diferente”, anticipando que las auditorías incorporarán visitas presenciales para revisar los proyectos desde un enfoque legal y operativo más preciso.

Finalmente, se implementarán herramientas de derecho informático para registrar antecedentes de cada expediente, lo que permitirá contar con información completa y evitar documentación sin respaldo verificable. Estos cambios conforman, según la funcionaria, un “salto de calidad” para devolver al régimen la seriedad y previsibilidad necesarias para impulsar nuevas inversiones en la minería argentina.