El Gobierno envió a la Legislatura la nueva ley de proovedores mineros y pone condiciones a las mineras para impulsar empleo y proveedores locales

El Gobierno provincial finalizó la elaboración del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca fortalecer la participación sanjuanina en la actividad minera a través de la generación de empleo, el crecimiento de proveedores locales y una mayor articulación con las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

El Gobierno de San Juan concluyó la redacción de un proyecto considerado estratégico para el futuro de la actividad minera en la provincia. Se trata de la denominada Ley de Desarrollo Local Minero, una propuesta que apunta a consolidar un modelo de crecimiento económico vinculado a la minería, con beneficios directos para las comunidades, los trabajadores y las empresas sanjuaninas.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, explicó que la iniciativa supera el concepto tradicional de una ley de proveedores y plantea una visión más amplia del desarrollo territorial. En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos es promover la contratación de mano de obra local tanto por parte de las compañías mineras como de sus empresas contratistas.

La propuesta legislativa se estructura sobre tres pilares centrales. El primero está vinculado al desarrollo del empleo local; el segundo, al fortalecimiento de los proveedores sanjuaninos; y el tercero, a la articulación de las acciones de responsabilidad social empresarial con los planes estratégicos definidos por los municipios donde se emplazan los proyectos mineros.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la definición de categorías para determinar el alcance territorial de los beneficios. La normativa establecerá diferencias entre los proveedores pertenecientes a la comunidad donde opera el proyecto minero, aquellos radicados en el municipio correspondiente y los ubicados en el resto de la provincia. Esta segmentación permitirá medir con mayor precisión el impacto económico que genera la actividad en cada zona de influencia.

La ley también pondrá especial énfasis en la generación de valor agregado dentro de la cadena de suministros. Para ello, se analizará la participación de los distintos sectores económicos involucrados, priorizando aquellas actividades industriales que incorporan mayores procesos productivos y generan más empleo calificado.

Con el objetivo de mejorar la planificación y favorecer el crecimiento de las empresas locales, las compañías mineras deberán presentar planes de desarrollo que incluyan un análisis detallado de las necesidades de bienes, servicios y recursos humanos requeridos para sus operaciones. Esta información permitirá identificar oportunidades de negocio, orientar inversiones y fortalecer la capacitación de trabajadores sanjuaninos.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa será la transparencia en los procesos de contratación. Las empresas deberán implementar mecanismos claros y públicos para la convocatoria de proveedores, la evaluación de ofertas y la comunicación de las adjudicaciones. La medida busca ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas locales y garantizar condiciones más equitativas de acceso al mercado minero.

Desde la perspectiva del Gobierno provincial, estas exigencias encuentran sustento en el carácter estratégico de la minería. Fernández recordó que la actividad se desarrolla sobre recursos naturales que pertenecen al Estado provincial y que son explotados por empresas privadas bajo un régimen de concesión, lo que justifica la implementación de políticas orientadas a maximizar los beneficios para la sociedad sanjuanina.

La normativa también establecerá metas progresivas de participación local. Entre los objetivos planteados figura alcanzar un 80% de empleo sanjuanino en los proyectos mineros y lograr que el 60% de las compras de bienes y servicios disponibles en la provincia sean realizadas a proveedores locales.

Como incentivo para las compañías que cumplan con estas metas, el proyecto contempla la creación de un bono de crédito fiscal que podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales. En los casos en que las empresas mineras no puedan aprovechar este beneficio de manera directa, tendrán la posibilidad de transferirlo a proveedores vinculados a sus operaciones para que estos lo utilicen en el pago de sus obligaciones tributarias.

Desde el Ejecutivo destacan que, además de los incentivos económicos, la iniciativa busca fortalecer la licencia social de los proyectos mineros. La implementación de indicadores y mecanismos de seguimiento permitirá que la comunidad conozca y evalúe el impacto real de cada emprendimiento, promoviendo una mayor transparencia y una sana competencia entre las empresas por mejorar su desempeño en materia de desarrollo local.

Respecto del tratamiento legislativo, el Gobierno aseguró que el proyecto cuenta con una importante base de consenso político. Tras mantener reuniones con distintos sectores representados en la Cámara de Diputados, el oficialismo se mostró confiado en lograr los acuerdos necesarios para avanzar con la aprobación de una ley que considera fundamental para consolidar el crecimiento de la minería y su aporte al desarrollo económico y social de San Juan.