El modelo chileno que logró equilibrar producción y protección en la cordillera

Mientras en Argentina el debate por la reforma de la Ley de Glaciares permanece postergado, Chile avanzó con un sistema técnico y regulatorio que permite la coexistencia de la minería de alta montaña y la preservación de más de 26.000 cuerpos de hielo inventariados.

Chile y Argentina comparten la cordillera de los Andes y, con ella, la presencia estratégica de glaciares que cumplen un rol clave como reservas de agua. Sin embargo, ambos países han seguido caminos distintos en la gestión de estos recursos naturales frente al desarrollo minero. Mientras en Argentina el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Glaciares permanece estancado por prioridades políticas, Chile ha logrado consolidar un modelo operativo que permite compatibilizar la gran minería del cobre con la protección de los ecosistemas de hielo.

Según especialistas, la clave del enfoque chileno estuvo en una transformación conceptual y tecnológica: pasar de la intervención directa sobre los glaciares a la medición y control de los impactos indirectos que puede generar la actividad minera en su entorno.

El geólogo de la Universidad de Chile, Felipe Ugalde Peralta, sostiene que décadas atrás era común atravesar capas de hielo para acceder a los yacimientos, una práctica que hoy quedó prácticamente descartada. En su lugar, las operaciones actuales se basan en estudios detallados sobre variables ambientales como el albedo —la capacidad del hielo para reflejar la radiación solar— y los efectos de las vibraciones en zonas de alta montaña.

La ubicación geográfica de los principales yacimientos chilenos obliga a esta convivencia. Proyectos de escala mundial como Los Pelambres, Los Bronces o El Teniente se encuentran por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en áreas donde las condiciones climáticas favorecen la formación y permanencia de glaciares.

En este contexto, las nuevas tecnologías y el marco regulatorio han permitido reducir la afectación directa sobre estas masas de hielo. Sin embargo, el foco ambiental se desplazó hacia amenazas menos visibles pero igualmente relevantes.

Entre los principales riesgos identificados se destacan la deposición de polvo y las vibraciones por tronaduras. El material particulado que se genera en la operación puede asentarse sobre el hielo y oscurecer su superficie, disminuyendo su capacidad de reflejar la luz solar y acelerando el derretimiento. A su vez, las explosiones controladas utilizadas en minería pueden alterar la dinámica interna de los glaciares o generar desprendimientos en sectores inestables.

Paradójicamente, gran parte de la información disponible sobre los glaciares andinos en Chile proviene de los propios proyectos mineros. Los estudios de línea de base exigidos por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) han permitido medir espesores, velocidades de flujo y aportes hídricos de cuerpos de hielo ubicados en zonas de difícil acceso.

Estos relevamientos, que son de acceso público, transformaron a la industria en un financista indirecto de la investigación glaciológica. La instalación de estaciones meteorológicas y redes de monitoreo en alta montaña aporta datos clave para comprender la evolución del clima y el comportamiento de los recursos hídricos en la cordillera.

A diferencia de Argentina, Chile no cuenta con una ley de glaciares específica, pese a que desde 2005 se presentaron al menos seis proyectos para legislar sobre el tema. No obstante, el país fue construyendo un esquema de protección ambiental a partir de un entramado de normativas, exigencias técnicas y controles dentro del sistema de evaluación ambiental.

Instrumento	Función Principal
Código de Aguas (2022)	Define a los glaciares como bienes nacionales de uso público; prohíbe derechos de agua sobre ellos.
SBAP	Protege glaciares dentro de Parques y Reservas Nacionales.
Inventario de la DGA	Registro público y actualizado de cada cuerpo de hielo en el territorio.
Estrategia Nacional (2009)	Establece los lineamientos para el monitoreo y protección a largo plazo.

Este modelo demuestra que la preservación de los glaciares no depende únicamente de una ley puntual, sino también de una fiscalización rigurosa, la generación permanente de información científica y la toma de decisiones basadas en la realidad de cada cuenca. En la práctica, esa combinación permitió que la minería y los glaciares convivan en uno de los territorios más exigentes del planeta.