El oficialismo logró quórum y Diputados ya debate la reforma de la Ley de Glaciares

Con el respaldo de bloques aliados y gobernadores de provincias mineras, la Cámara baja comenzó a tratar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Afuera del Congreso, organizaciones sociales y ambientalistas convocaron a una protesta.

El oficialismo logró reunir este miércoles el quórum necesario en la Cámara de Diputados y dio inicio al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por gobernadores de provincias con fuerte actividad minera y que ya cuenta con media sanción del Senado.

El proyecto llegó al recinto luego de que, en la jornada previa, obtuviera dictamen favorable en las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales. El respaldo fue acompañado por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales.

En contraposición, desde Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes propios en rechazo a la iniciativa, al advertir sobre el impacto que la modificación podría tener sobre la protección ambiental y los recursos hídricos estratégicos.

Mientras se desarrolla el debate parlamentario, organizaciones sociales, agrupaciones ambientalistas y sectores de la oposición convocaron a una movilización en las inmediaciones del Congreso para manifestarse en contra de la reforma. La concentración fue prevista para las 17, en la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo.

Entre los espacios convocantes, La Cámpora expresó públicamente su rechazo al proyecto con consignas en defensa del ambiente, al sostener que la reforma podría significar una flexibilización de la normativa vigente en beneficio de actividades extractivas.

A su vez, y tal como ocurrió durante el tratamiento del proyecto en el Senado, la organización ambientalista Greenpeace realizó durante la mañana una intervención en el monumento de Plaza Congreso, en señal de protesta frente al avance de la propuesta legislativa.

La discusión en Diputados se da en un contexto de fuerte tensión política y social, con posiciones enfrentadas entre quienes sostienen que la reforma permitiría dar mayor previsibilidad a las inversiones mineras, y quienes advierten sobre un posible retroceso en materia de protección ambiental.