El Senado aprobó cambios a la Ley de Glaciares y el proyecto pasa a Diputados

Con 40 votos a favor y 31 en contra, la Cámara alta dio media sanción a la iniciativa impulsada por el Gobierno. El texto generó divisiones en distintos bloques y reavivó el debate entre desarrollo productivo y protección ambiental.

En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado de la Nación aprobó este jueves una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares, en una votación que reflejó fuertes tensiones políticas y ambientales. La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 31 negativos, con la abstención de la neuquina Julieta Corroza, tanto en general como en particular. Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara de Diputados.

El oficialismo de La Libertad Avanza logró avanzar con el proyecto acompañado por sectores dialoguistas y por legisladores que se alejaron recientemente del kirchnerismo. Entre los respaldos más resonantes estuvieron los de Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac, quienes votaron en línea con la Casa Rosada. También acompañaron Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, entre otros.

Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo séptimo, que habilita a las provincias a determinar la autoridad de aplicación encargada de identificar, con base técnico-científica, los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas estratégicas. Quedan exceptuadas las áreas protegidas por la ley 22.351 de Parques Nacionales. Para el oficialismo, la modificación fortalece el federalismo y respeta el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias.

Desde la oposición, en cambio, advirtieron que el nuevo esquema fragmentará los criterios de conservación y debilitará el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable del inventario nacional de glaciares. El pampeano Pablo Bensusán cuestionó la incorporación de cambios de último momento y alertó sobre la posibilidad de que existan “12 criterios diferentes” en las provincias alcanzadas por el sistema actual.

En defensa del proyecto, el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que la Constitución establece que la Nación fija presupuestos mínimos ambientales, pero que las provincias conservan el dominio de sus recursos. “Es una falsa dicotomía plantear agua o minería”, afirmó, al tiempo que cuestionó que la normativa vigente haya generado ambigüedades jurídicas y paralización de inversiones.

La exsecretaria de Energía Flavia Royón aportó argumentos técnicos al debate y aseguró que la reforma “no implica flexibilización”, sino que busca precisar qué debe protegerse mediante estudios de campo con participación provincial. Además, remarcó que en distritos como San Juan el mayor consumo de agua corresponde al sector agropecuario y no a la minería.

Entre las voces críticas, el radical bonaerense Maximiliano Abad advirtió que la reforma podría derivar en planteos de inconstitucionalidad y generar inseguridad jurídica. En una línea similar se expresó la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien sostuvo que la eventual explotación de un glaciar implicaría su desaparición irreversible y cuestionó el desplazamiento de un “paradigma científico” por uno “abierto”.

El debate también incluyó referencias al impacto del proyecto en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, recientemente avalado por el Senado, y a la necesidad de atraer inversiones millonarias en minería como parte de la estrategia económica del Gobierno.

El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien defendió la iniciativa al señalar que el país no debe elegir entre ambiente y desarrollo. “No es agua o trabajo”, afirmó, en una sesión que dejó expuestas las diferencias internas en varios bloques y abrió un nuevo capítulo en una discusión clave para el modelo productivo argentino.