El transporte minero vuelve a estar en la mira. ¿El empresario Iglesiano queda afuera?

El transporte minero vuelve a estar en el centro de la escena y esta vez la discusión no puede limitarse a quién ganará una licitación millonaria. Detrás del contrato que se prepara para el proyecto Vicuña existe una discusión mucho más profunda y que toca directamente a Iglesia, a sus empresarios y a sus trabajadores. La pregunta que debemos hacernos como comunidad es sencilla pero incómoda ¿qué lugar tendrá realmente el empresario iglesiano en el gigantesco negocio que comienza a movilizar la minería sanjuanina y qué lugar tendrá la mano de obra local cuando la demanda de trabajadores crezca de manera exponencial?

Una publicación de Minería y Desarrollo puso recientemente bajo la lupa la disputa empresarial que podría existir alrededor de los contratos mineros y señaló que dos grupos vinculados a medios de comunicación de la provincia podrían tener intereses relacionados con el transporte. Andesmar, cuyo grupo empresario es accionista de Diario de Cuyo, aparece entre los seis oferentes que participan de la licitación de Vicuña para el transporte de personal hacia el proyecto. También fue mencionado Pedro Ponte, histórico empresario del transporte minero y nuevo controlador de Telesol, aunque hasta el momento no existe información pública que permita afirmar que una empresa actualmente vinculada a él forme parte de los competidores de esta licitación. Esta diferencia es importante porque una cosa son los datos comprobables y otra las versiones o rumores que circulan en torno a una licitación.

Pero más allá de esos nombres, existe una discusión que debería preocupar mucho más a Iglesia. Las grandes empresas tienen todo el derecho de competir. Nadie pretende impedir que Andesmar o cualquier otra compañía participe de una licitación si cumple con los requisitos establecidos. El problema es qué lugar queda para el empresario local cuando las grandes corporaciones comienzan a disputar contratos que pueden representar cifras millonarias. El problema es saber si el pequeño empresario de Iglesia tendrá una oportunidad verdadera de competir o si terminará siendo un simple espectador de negocios que se desarrollan en su propio territorio.

Vicuña realizó en agosto su cuarta Ronda de Negocios en el Nodo Pismanta, en Iglesia, como parte del proceso para vincular a grandes oferentes con empresas locales que eventualmente puedan incorporarse como proveedores o subcontratistas. Más de 90 proveedores locales participaron de aquella convocatoria y seis grandes empresas quedaron vinculadas al proceso competitivo por el contrato principal de transporte, entre ellas Sotur, PAP, La Veloz, CVU, Dream de la 20 de Junio y Andesmar. La iniciativa, en principio, es positiva y demuestra que existe una intención de acercar a las empresas del territorio a los grandes jugadores de la minería.

Pero una ronda de negocios no puede convertirse en una puesta en escena. No puede ser una reunión donde decenas de empresarios locales concurren, presentan sus empresas, muestran sus capacidades, intercambian contactos y después descubren que el negocio terminó quedando concentrado entre las mismas grandes compañías de siempre. Si hablamos realmente de desarrollo local, las empresas de Iglesia deben tener participación real y concreta.

La Ley de Desarrollo Local Minero, Ley 2827-M, justamente establece herramientas para fortalecer la participación de proveedores locales, promover el empleo y generar condiciones para que las empresas de las zonas vinculadas con los proyectos puedan incorporarse a la cadena de valor. La norma contempla una prioridad para los proveedores según su cercanía al área de influencia del proyecto y también promueve el asociativismo entre empresas locales y grandes proveedores. El espíritu de la ley, entonces, no debería ser solamente que una empresa sanjuanina facture para una minera. El espíritu debería ser que el territorio donde se desarrolla la actividad pueda construir una verdadera capacidad económica propia.

Y aquí aparece una pregunta que merece una respuesta concreta ¿qué está pasando con las empresas de Iglesia? Porque empresarios locales vienen manifestando que, pese a la preparación y a las capacitaciones realizadas, todavía encuentran enormes dificultades para acceder a oportunidades reales dentro de los grandes contratos mineros. Hay empresas que quieren asociarse, que buscan trabajar junto a compañías más grandes, que pretenden mejorar sus unidades y ampliar sus estructuras, pero necesitan que alguien les abra la puerta. No quieren que les regalen nada. Quieren competir. Eso es lo que debe defenderse.

El empresario iglesiano no puede ser convocado únicamente para cumplir una estadística de proveedores locales. No puede ser utilizado como fotografía para mostrar que la minería tiene presencia en la comunidad y después quedar relegado a trabajos secundarios. No puede ocurrir que las grandes empresas se asocien entre sí, concentren el contrato principal y luego incorporen a una empresa local solamente para cumplir formalmente con algún requisito. Eso no es asociativismo. Eso es utilizar al pequeño proveedor como una pieza secundaria de una estructura empresarial que seguirá controlando el negocio desde afuera.

Asociarse significa crecer juntos. Significa compartir inversiones, conocimiento, tecnología, capacitación, riesgos y oportunidades. Significa que la empresa local pueda aumentar su capacidad, incorporar trabajadores, adquirir vehículos, mejorar sus instalaciones y convertirse progresivamente en una compañía más fuerte. Si el empresario de Iglesia solamente recibe una pequeña parte de un contrato que controla una gran corporación, entonces no estamos construyendo desarrollo local. Estamos construyendo dependencia.

Iglesia tiene empresas capaces de trabajar para la minería. Tiene empresarios que conocen el territorio y que durante años sostuvieron sus emprendimientos sin depender de los grandes proyectos. Tiene trabajadores que conocen las rutas, las condiciones climáticas y las particularidades de una región donde la actividad minera forma parte de la vida cotidiana. Tiene jóvenes que necesitan oportunidades y empresarios que están dispuestos a invertir. Lo que falta, muchas veces, no es voluntad. Lo que falta es acceso. Y ese acceso tiene que existir.

Porque cuando una empresa iglesiana obtiene un contrato minero, el beneficio no queda solamente en el propietario. El dinero circula en el departamento. El trabajador cobra y consume en los comercios locales. La empresa compra repuestos, contrata talleres, utiliza servicios, paga impuestos y genera nuevos puestos de trabajo. La actividad económica se multiplica y comienza a generar un círculo virtuoso. Por eso defender al empresario local es también defender al trabajador local, al comerciante, al tallerista, al proveedor y a toda la economía de Iglesia.

Lo mismo ocurre con la mano de obra. No podemos hablar de desarrollo local si cuando llega una gran contratación se trae personal desde la ciudad de San Juan, desde Mendoza o desde otras provincias mientras los trabajadores de Iglesia permanecen afuera. La capacitación es fundamental y nadie discute que existen funciones que requieren conocimientos específicos. Pero la prioridad debería ser formar al trabajador local y darle la oportunidad de ocupar esos puestos.

Emicar ya advirtió que existe un riesgo concreto si la demanda de conductores crece más rápido que la capacidad de formación local y que, en ese escenario, las empresas podrían recurrir a trabajadores de Mendoza, otras provincias e incluso personal extranjero para funciones especializadas. La advertencia debe servir para acelerar la capacitación de los iglesianos, no para justificar que directamente se busque mano de obra afuera.

Si sabemos que dentro de pocos meses o años habrá una demanda enorme de conductores, entonces hay que comenzar ahora. Hay que capacitar. Hay que formar. Hay que certificar. Hay que preparar a los jóvenes. Hay que generar oportunidades para que el iglesiano pueda ocupar esos puestos. No podemos esperar a que llegue la demanda y recién entonces descubrir que no tenemos trabajadores preparados.

Y aquí aparece otra discusión fundamental ¿qué significa exactamente ser local? Porque si el concepto de trabajador local termina incluyendo a cualquier persona que vive en la provincia de San Juan, entonces un trabajador de la capital provincial podría ser considerado local aunque se encuentre a cientos de kilómetros del lugar donde se desarrolla el proyecto. Eso puede ser legal bajo determinadas interpretaciones, pero no necesariamente representa el verdadero espíritu del desarrollo territorial.

Para nosotros, el concepto debe ser mucho más claro. Cuando el proyecto se desarrolla en Iglesia, el iglesiano debe tener prioridad. Cuando corresponde a Jáchal, el jachallero debe tener prioridad. Cuando se trata de Calingasta, debe priorizarse al calingastino. Cuando corresponde a Ullum, debe tener prioridad el ullunero. No se trata de excluir al resto de los sanjuaninos. Se trata de reconocer que las comunidades directamente vinculadas con la actividad minera son las primeras que deben recibir sus beneficios.

Porque esas comunidades también son las que conviven con la actividad. Son las que reciben el tránsito de vehículos. Son las que ven modificar sus caminos. Son las que deben adaptarse al crecimiento poblacional y económico. Son las que tienen que enfrentar los cambios sociales que genera la llegada de grandes proyectos. Por eso también deben ser las primeras en acceder a las oportunidades. La minería no puede ser solamente extracción. Tiene que ser desarrollo.

Y el desarrollo no puede medirse únicamente por los millones de dólares que ingresan a la provincia, por la cantidad de toneladas de mineral producidas o por la inversión de las grandes compañías. También tiene que medirse por la cantidad de empresas locales que crecieron, por los trabajadores locales que consiguieron empleo, por los jóvenes que pudieron capacitarse, por los emprendimientos que se consolidaron y por el dinero que quedó circulando en las comunidades.

Si una empresa minera anuncia una inversión de miles de millones de dólares y después el empresario de Iglesia sigue sin poder acceder a un contrato, entonces tenemos un problema. Si un proyecto necesita cientos de trabajadores y los jóvenes de Iglesia continúan buscando empleo fuera del departamento, entonces tenemos otro problema. Si los grandes contratos terminan concentrados entre empresas que vienen desde afuera mientras las pymes locales quedan relegadas a trabajos menores, entonces la promesa de desarrollo local empieza a perder sentido. Sin embargo, las empresas locales que si operan en los yacimientos, son las que aportan al desarrollo de las comunidades. ¿ y las que son de Capital que desarrollo generan en los departamentos de Iglesia, Jachal y Calingasta?.

Por eso las cámaras empresarias de Iglesia y Jáchal tienen que asumir un papel mucho más firme. No pueden limitarse a acompañar los anuncios. Tienen que defender los intereses de sus empresarios. Tienen que sentarse en las mesas de negociación. Tienen que pedir información sobre las licitaciones. Tienen que conocer las condiciones de contratación. Tienen que reclamar mecanismos de participación real y tienen que exigir que la ley se cumpla.

También el Estado tiene que controlar. Una ley sin control puede convertirse en una declaración de buenas intenciones. Si existe una normativa que establece prioridades, porcentajes, planes de desarrollo y mecanismos de participación, entonces debe existir un organismo capaz de verificar que todo eso se cumpla. Y si una empresa local queda afuera, debe poder conocer cuáles fueron las razones. Si no cumple con los requisitos técnicos, habrá que ayudarla a mejorar. Si no tiene capacidad financiera, habrá que buscar herramientas. Si necesita capacitación, habrá que capacitarla. Pero no puede aceptarse simplemente que la respuesta sea que no está preparada.

Durante años se les pidió a los empresarios iglesianos que se prepararan para la minería. Ahora que la minería está llegando con una fuerza que no tiene precedentes, es momento de preguntarnos si quienes toman las decisiones están preparados para darles el lugar que corresponde.

El transporte es apenas el comienzo. Después vendrán los grandes contratos de alimentación, alojamiento, mantenimiento, construcción, movimiento de cargas, alquiler de equipos, servicios profesionales, limpieza, seguridad, combustible y una interminable lista de actividades que necesitarán las compañías mineras. Si las empresas de Iglesia no logran incorporarse a esa cadena de valor, el riesgo es que la riqueza se extraiga de la montaña pero las oportunidades económicas terminen concentrándose en otros lugares. Eso no puede ser el modelo que queremos.

Iglesia no quiere limosnas. Iglesia quiere oportunidades. El empresario iglesiano no pide que le regalen contratos. Pide que lo dejen competir. El trabajador iglesiano no pide que le regalen puestos. Pide capacitación y una oportunidad. Las empresas locales no piden privilegios. Piden reglas claras y condiciones reales para competir.

Por eso hay que mirar con atención la licitación del transporte de Vicuña. No para atacar a ninguna de las empresas que participan, sino para observar qué ocurre con las empresas de Iglesia. Hay que saber cuántas fueron incorporadas, cuántas lograron convertirse en proveedoras, cuántas fueron incluidas en asociaciones empresariales y cuántos trabajadores iglesianos tendrán efectivamente la posibilidad de acceder a los puestos que genere el contrato.

La transparencia debe ser absoluta porque estamos hablando de un negocio que puede marcar un antes y un después para la economía del departamento. Y también hay que decirlo con todas las letras. Las grandes empresas tienen derecho a competir, pero no tienen derecho a apropiarse del discurso del desarrollo local mientras el pequeño empresario del territorio queda afuera. La minería necesita grandes compañías, pero también necesita pymes. Necesita grandes inversiones, pero también necesita empresarios locales. Necesita tecnología, pero también necesita trabajadores de las comunidades. Necesita capital, pero también necesita territorio.

Si todo queda concentrado en las grandes estructuras empresariales, entonces la minería crecerá, pero Iglesia no necesariamente crecerá con ella.

Y ese es el verdadero temor, que los grandes proyectos mineros sean gigantescos en inversión, pero pequeños en oportunidades para quienes viven cerca de ellos que los contratos millonarios sean disputados por grandes grupos mientras el empresario iglesiano termina mirando desde afuera, que los puestos de trabajo sean ocupados por personas que llegan desde otros lugares mientras nuestros jóvenes siguen buscando oportunidades lejos de su casa. No queremos eso.

Queremos que Vicuña sea una oportunidad para Iglesia, queremos que las empresas iglesianas crezcan, queremos que los trabajadores iglesianos tengan prioridad, queremos que nuestros jóvenes puedan capacitarse y acceder a los puestos que genere la nueva minería, queremos que las grandes empresas entiendan que asociarse con una empresa local no significa hacerle un favor. Significa construir una cadena de valor más fuerte, más sostenible y verdaderamente vinculada con el territorio.

El transporte vuelve a estar en la mira y lo que está en juego es mucho más grande que una licitación. Está en juego el modelo de desarrollo que tendrá Iglesia durante los próximos años.

Por eso llegó el momento de que las cartas estén sobre la mesa. Las empresas mineras deben explicar cómo garantizarán la participación local. Las cámaras deben defender a sus empresarios. El Estado debe controlar el cumplimiento de la ley. Y los grandes grupos empresarios deben entender que la minería no puede construirse de espaldas a las comunidades.

Porque el cobre puede estar debajo de nuestras montañas, pero el desarrollo tiene que quedar en nuestra gente. El empresario iglesiano merece una oportunidad. El trabajador iglesiano merece una oportunidad. Y esta vez no podemos permitir que, una vez más, cuando llegue el gran negocio, los de siempre se queden con todo mientras los que viven en el territorio vuelven a quedar mirando desde afuera.