Gobierno nacional avanza en una modificación de la Ley de Glaciares y confirma que el nuevo texto ya está redactado

La Secretaría de Minería de la Nación aseguró que el nuevo articulado busca clarificar la aplicación de la normativa vigente y devolver a las provincias la potestad sobre la gestión de sus recursos naturales.

El Gobierno nacional confirmó que ya tiene redactado el texto que propondrá como modificación de la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639), con el objetivo de redefinir sus alcances y otorgar mayor precisión técnica y jurídica en la identificación del ambiente periglacial. La iniciativa fue ratificada por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, durante su participación en el Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero.

Según explicó el funcionario, el Ejecutivo trabajó durante meses en un documento que busca “aclarar” puntos centrales de la normativa vigente, a fin de evitar interpretaciones que han generado demoras e incertidumbre para proyectos mineros de gran escala, especialmente aquellos vinculados al cobre. Lucero remarcó que la actual ley, tal como se aplica, detiene inversiones estratégicas para el país en un contexto de creciente demanda global de minerales críticos.

El eje principal del nuevo texto es la descentralización de la determinación del ambiente periglacial, otorgando a las provincias la facultad de definir, mediante estudios científicos, cuáles son las áreas que deben ser protegidas. Esta modificación apunta a restituir a los gobiernos provinciales la capacidad de decisión sobre los recursos naturales que administran, reforzando el principio constitucional de federalismo.

En ese sentido, Lucero aseguró que la propuesta no altera el espíritu de la ley original, sino que ordena y clarifica conceptos que hasta ahora generaban limitaciones regulatorias. Detalló que la intención es establecer con precisión qué geoformas aportan agua de manera efectiva y deben ser preservadas, y cuáles no cumplen ese rol, permitiendo así avanzar con proyectos mineros y de hidrocarburos actualmente paralizados.

La discusión sobre la Ley de Glaciares está estrechamente vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), considerado una herramienta clave para atraer capitales en minería. Desde el sector empresarial se ha advertido que la falta de definiciones claras podría limitar el impacto del RIGI, en un contexto en el que se estiman inversiones potenciales superiores a los USD 25.000 millones.

En paralelo, gobernadores de provincias con fuerte perfil minero, como San Juan y Mendoza, han manifestado la necesidad de actualizar la normativa para garantizar seguridad jurídica sin comprometer la protección de los recursos hídricos. Por su parte, organizaciones ambientalistas advierten que una modificación podría representar un retroceso en materia de conservación, especialmente en zonas cordilleranas sensibles.

El Poder Ejecutivo analiza ahora los pasos para formalizar la propuesta, ya sea mediante el envío de un proyecto de ley al Congreso o a través de un nuevo decreto reglamentario que precise los alcances de la normativa. La expectativa es resolver un debate que lleva más de una década y que resulta decisivo para el futuro de los grandes proyectos de cobre ubicados en la cordillera, particularmente en la Provincia de San Juan.