La reforma de la Ley de Tierras pone en juego inversiones millonarias y redefine el futuro de la minería en Argentina

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca flexibilizar las restricciones a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. Para la industria minera, los cambios podrían mejorar la seguridad jurídica, facilitar el desarrollo de grandes proyectos y eliminar obstáculos para inversiones de miles de millones de dólares, especialmente en las provincias cordilleranas.

La posible modificación de la Ley de Tierras 26.737 volvió a instalar un intenso debate político, económico y productivo en Argentina. Aunque la discusión alcanza a distintos sectores, la minería aparece entre las actividades más interesadas en los cambios que impulsa el Gobierno nacional, ya que de la normativa dependen aspectos clave para el desarrollo de grandes proyectos con capitales extranjeros.

El eje de la discusión no pasa por la propiedad de los recursos minerales, que en Argentina pertenecen al Estado provincial, sino por el acceso y el control de la superficie donde deben instalarse las obras necesarias para explotar esos yacimientos.

La legislación minera establece que las empresas pueden acceder a terrenos privados mediante el régimen de servidumbres mineras, un derecho que les permite utilizar la superficie indispensable para realizar tareas de exploración o explotación. Sin embargo, desde la industria sostienen que este mecanismo resulta insuficiente cuando los proyectos avanzan hacia etapas de construcción y operación de gran escala.

Las compañías argumentan que desarrollar una mina moderna requiere controlar extensas superficies destinadas a campamentos para miles de trabajadores, caminos de acceso, plantas de procesamiento, depósitos de estériles, diques de colas, líneas eléctricas, ductos e infraestructura logística.

Operar todas estas instalaciones sobre propiedades de terceros implica negociaciones permanentes, mayores costos, incertidumbre jurídica y posibles conflictos que pueden afectar la continuidad de inversiones multimillonarias.

A ello se suma el trabajo con las comunidades y propietarios locales. Para las empresas, disponer de la titularidad de la tierra permite planificar con mayor previsibilidad las relaciones con los distintos actores del territorio, evitando renegociaciones constantes sobre accesos, servidumbres y uso de los predios.

En ese escenario, la Ley de Tierras representa uno de los principales condicionantes para la llegada de nuevos capitales. La norma vigente establece que las personas o empresas extranjeras no pueden superar el 15 por ciento de la superficie rural de cada jurisdicción y fija límites máximos de adquisición por titular, además de imponer restricciones para comprar tierras ubicadas en zonas de frontera y áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

Precisamente esas regiones concentran buena parte de los principales yacimientos de cobre, oro, plata y litio del país, por lo que las limitaciones impactan directamente sobre numerosos proyectos mineros ubicados en la Cordillera de los Andes.

El proyecto promovido por el Gobierno, denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, propone modificar varios de esos puntos. Entre los cambios analizados figura elevar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras dentro de cada distrito, una medida que, según el sector, permitiría facilitar inversiones de largo plazo sin eliminar completamente los controles.

Otro de los aspectos centrales es la flexibilización de las restricciones para adquirir tierras en zonas de frontera. La industria considera que esta modificación resulta determinante debido a que gran parte de los recursos minerales estratégicos del país se encuentran precisamente en esas áreas cordilleranas.

También forma parte del debate el régimen aplicable a inmuebles que contienen recursos hídricos relevantes. La legislación actual limita la adquisición de propiedades con cuerpos de agua permanentes por parte de extranjeros, una condición que, según las empresas, representa un obstáculo operativo para proyectos que requieren una planificación integral del abastecimiento y manejo del recurso hídrico bajo los controles ambientales establecidos por cada provincia.

Desde el sector minero sostienen que una mayor seguridad sobre la propiedad superficial no modifica el dominio estatal de los recursos minerales ni las exigencias ambientales vigentes, pero sí brinda mayor previsibilidad para financiar y ejecutar emprendimientos que demandan inversiones de miles de millones de dólares y décadas de desarrollo.

Los datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales muestran que ninguna provincia supera actualmente el límite del 15 por ciento de extranjerización establecido por la ley vigente. No obstante, algunas jurisdicciones presentan una mayor participación de capital extranjero en la propiedad rural.

El ranking nacional está encabezado por Salta con el 11,40 por ciento de su superficie rural en manos extranjeras, seguida por Misiones con el 11,29 por ciento, San Juan con el 10,36 por ciento, Mendoza con el 9,06 por ciento y Catamarca con el 8,22 por ciento.

La evolución del proyecto será seguida de cerca por la industria minera, que considera que la reforma puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la competitividad del país y acelerar el desarrollo de nuevos emprendimientos, especialmente en las provincias cordilleranas que concentran algunos de los mayores proyectos de cobre, oro y litio de América Latina.