Las empresas iglesianas no quieren volver a mirar cómo pasan las oportunidades

La adjudicación de los servicios de transporte de cargas generales y logística vinculados al proyecto Vicuña volvió a poner sobre la mesa una discusión que en Iglesia ya dejó de ser nueva. Las empresas Maxiklak y Terra Logística fueron seleccionadas para prestar estos servicios y, detrás de esa decisión, comenzó a crecer un malestar que atraviesa a buena parte del sector empresarial iglesiano.

La controversia no se limita a quién ganó una licitación. El verdadero debate pasa por otro lado y es mucho más profundo. Las empresas de Iglesia se preguntan qué lugar tendrán dentro del desarrollo económico que se está generando en su propio departamento y si, una vez más, deberán observar desde afuera cómo las grandes oportunidades terminan concentrándose en compañías que llegan desde otros puntos de la provincia o del país.

El reclamo que comenzó a instalarse entre los proveedores locales apunta particularmente a la ausencia, según sostienen, de mecanismos de asociativismo, integración con empresas iglesianas e inversión social vinculada al territorio. Para el empresariado local, no alcanza con que una compañía opere en Iglesia. La discusión pasa por cuánto de esa actividad económica queda efectivamente en la comunidad, cuánto empleo genera, qué proveedores locales incorpora y qué vínculos construye con el entramado productivo departamental.

La diferencia que marcan los empresarios iglesianos tiene además un componente que consideran fundamental. Muchas compañías nacidas y desarrolladas en Iglesia han sostenido durante años actividades sociales, deportivas, culturales y comunitarias, además de generar empleo y contratar servicios dentro del departamento. Por eso, entienden que cuando una empresa externa obtiene un contrato de magnitud debería existir también una responsabilidad de integración con el territorio donde desarrollará su actividad.

Aquí aparece un actor que tendrá que asumir un papel mucho más activo. Las cámaras empresariales y mineras de Iglesia tienen por delante la posibilidad de convertirse en el ámbito institucional desde el cual se canalice este reclamo.

El desafío para las cámaras no debería ser solamente expresar el enojo de sus asociados. Su verdadera responsabilidad será transformar ese malestar en propuestas concretas y llevarlas a las mesas donde se toman las decisiones. Pedir información sobre los procesos de contratación, conocer los criterios de selección, plantear mecanismos de participación de proveedores locales y promover acuerdos de asociativismo deberían formar parte de una agenda permanente.

También será necesario que las cámaras puedan construir un registro sólido de las capacidades existentes en Iglesia. ¿Cuántas empresas de transporte hay? ¿Qué cantidad de camiones poseen? ¿Qué talleres pueden brindar mantenimiento? ¿Qué empresas pueden ofrecer servicios de logística, alojamiento, alimentación, movimiento de cargas, mantenimiento, seguridad o alquiler de equipos? ¿Qué compañías pueden asociarse entre sí para alcanzar una escala que individualmente no poseen?

Ese trabajo permitiría pasar de un reclamo general a una propuesta empresarial concreta. Porque si las compañías iglesianas quieren ocupar un lugar dentro de los grandes proyectos mineros que avanzan sobre el departamento, también deberán demostrar de manera organizada qué pueden ofrecer y bajo qué condiciones pueden hacerlo. Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los empresarios locales.

Cuando un proyecto minero de semejante dimensión genera una cadena de contratación de servicios, el desarrollo local debería formar parte de la conversación desde el comienzo. No se trata de pedir que se otorguen contratos por el simple hecho de ser una empresa iglesiana. Se trata de discutir condiciones que permitan que el crecimiento de la actividad minera genere un entramado productivo duradero en el departamento donde esa actividad se desarrolla.

Porque una cosa es hablar de desarrollo local y otra muy distinta es construir desarrollo local.

El primero puede quedar reducido a discursos, fotografías y anuncios. El segundo se mide en empresas que crecen, trabajadores que consiguen empleo, jóvenes que adquieren capacitación, proveedores que incorporan maquinaria, emprendimientos que se formalizan y capital que permanece circulando dentro de la comunidad.

En este escenario, las cámaras de Iglesia deberían asumir una representación colectiva. No solamente de una empresa o de un grupo determinado, sino del conjunto del sector privado departamental. Y para eso necesitarán unidad, información y capacidad de negociación.

También tendrán que evitar que el reclamo se transforme simplemente en una disputa entre empresas locales y empresas externas. El problema no debería ser de dónde viene una compañía. El punto central es bajo qué condiciones se integra al territorio y cuánto valor económico queda en la comunidad.

Iglesia no puede pretender cerrar sus puertas a las empresas que llegan. Por el contrario, necesita atraer inversiones, proveedores, capital y nuevas capacidades. Pero también necesita que esas inversiones encuentren un ecosistema empresarial local capaz de participar y crecer.

El proyecto Vicuña representa una oportunidad extraordinaria para San Juan y particularmente para Iglesia. Precisamente por eso, el debate sobre la participación de los proveedores locales no puede aparecer después de cada adjudicación. Tiene que comenzar antes.

Si las empresas iglesianas vuelven a quedar relegadas en los principales contratos, el problema ya no será solamente de una licitación determinada. Será una señal de que el departamento todavía no logró construir los mecanismos necesarios para capturar una parte significativa del valor económico que genera la actividad minera.

Por eso las cámaras tienen ahora una responsabilidad concreta. Deberán sentarse, organizarse, documentar las capacidades de las empresas locales, plantear propuestas de asociativismo y exigir que la discusión sobre proveedores iglesianos sea permanente y no circunstancial.

La minería puede transformar a Iglesia, pero esa transformación no debería limitarse a ver pasar camiones, maquinaria y contratos millonarios por las rutas del departamento.

Las empresas iglesianas quieren ser parte de esa transformación. Y el papel de sus cámaras será lograr que esa voluntad empresarial se convierta en una agenda concreta, medible y capaz de sentar a los proveedores locales en la mesa donde se decide el futuro económico del departamento.

Porque si cada nueva adjudicación vuelve a encontrar a las empresas de Iglesia mirando desde afuera, llegará un momento en que la pregunta dejará de ser quién ganó el contrato y pasará a ser mucho más incómoda ¿qué lugar está teniendo realmente Iglesia en el desarrollo minero que ocurre en su propio territorio?