Ley de Glaciares: cuatro proyectos de cobre en la provincia de San Juan siguen paralizados a la espera de definiciones

La falta de precisiones en la normativa vigente mantiene frenadas inversiones multimillonarias en Pachón, Altar, Los Azules y Vicuña, los principales proyectos de cobre de la provincia.

La reciente convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Gobierno nacional incluyó el tratamiento de una propuesta para adecuar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). En la provincia de San Juan, el anuncio fue recibido con expectativa, ya que la ambigüedad de la legislación actual impide el avance de los emprendimientos cupríferos más relevantes del distrito.

Las autoridades provinciales señalan que la falta de definiciones técnicas concretas mantiene en una situación de incertidumbre a cuatro iniciativas estratégicas: Pachón, Altar y Los Azules, en Calingasta; y Vicuña —que integra Josemaría y Filo del Sol— en el departamento de Iglesia. Estos proyectos requieren inversiones por miles de millones de dólares y no pueden progresar hacia sus etapas productivas sin una normativa que delimite con claridad glaciares, glaciares de roca y ambientes periglaciales.

El Pachón y la presencia de un glaciar de roca

El caso más crítico es el de El Pachón, en Calingasta. La presencia de un glaciar de roca dentro del área del proyecto impide incluso la presentación del Informe de Impacto Ambiental. Estudios técnicos elaborados por la Universidad Nacional de San Juan indican que dicho glaciar de escombros no contiene agua ni cumple funciones hídricas. Sin embargo, la empresa Glencore evita avanzar, ante el riesgo de que la falta de definiciones explícitas en la ley derive en objeciones administrativas o judiciales. La firma presentó su proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una estimación inicial de inversión de 9.500 millones de dólares.

Vicuña y las diferencias entre inventarios

El proyecto Vicuña, operado por Vicuña Corp. —alianza entre BHP y Lundin—, es el de mayor inversión prevista, con 15.000 millones de dólares proyectados mediante el RIGI. Si bien ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para su primera fase, enfrenta una controversia en la etapa de expansión de Josemaría debido a la existencia de un glaciar de roca que figura en el inventario nacional pero no en el inventario provincial. Esta diferencia debe resolverse para habilitar el progreso del proyecto.

Altar y Los Azules, también condicionados

Altar, operado por Aldebarán Resources, presentó su Estudio Económico Preliminar, con una inversión estimada de 1.590 millones de dólares y una vida útil de 50 años. Allí también se detectó un glaciar de roca en la zona prevista para una eventual ampliación.

Los Azules, de McEwen Copper, cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental para su etapa inicial y prevé comenzar su construcción en 2026. Su inversión total asciende a 3.170 millones de dólares. Aunque la primera fase no registra conflictos, la expansión futura del proyecto enfrenta las mismas restricciones normativas vinculadas a la definición de ambiente periglacial.

El impacto económico de la falta de definiciones

La provincia sostiene que la Ley de Glaciares, tal como está redactada, incluye conceptos demasiado amplios, particularmente en lo referido al ambiente periglacial, lo que genera obstáculos técnicos y legales para el desarrollo de proyectos mineros. Los gobernadores de las provincias productoras de cobre —entre ellos, Marcelo Orrego— impulsan una adecuación normativa que precise las definiciones sin alterar el espíritu protector de la ley.

En la práctica, la falta de claridad mantiene paralizadas inversiones clave en un contexto global donde la demanda de cobre crece por la transición energética. Para San Juan, la demora implica pérdida de empleo potencial, divisas y oportunidades de desarrollo económico.