Ley de Proveedores Mineros: las claves que transformarán la minería en San Juan

El sector minero de San Juan se prepara para una de las reformas más esperadas en los últimos años. Tras meses de borradores circulando entre empresas, cámaras y funcionarios, el Gobierno confirmó que el proyecto de Ley de Proveedores Mineros ingresará a la Legislatura provincial después de las elecciones de octubre.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, promete modificar la relación entre operadoras, contratistas y proveedores locales. Su objetivo central: garantizar que una mayor parte del valor agregado de la minería quede en las comunidades productoras.

Radicar para tributar

El Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, explicó que la reforma tendrá como eje la radicación y tributación local.

“Necesitas estar radicado en San Juan. Hoy muchas empresas de exploración están domiciliadas en otras provincias. Con esta ley, desde la prospección hasta el cierre de mina, todas deberán tributar aquí, incluyendo a los proveedores”, afirmó.

En la práctica, la norma exigiría:

Domicilio fiscal en San Juan como requisito para contratar y facturar.

Pago de impuestos provinciales sobre los ingresos derivados de la actividad minera.

Registro formal de proveedores, con comprobantes de domicilio, nómina de empleados locales y programas de capacitación.

La intención oficial es doble: fortalecer la recaudación y asegurar empleo real en el territorio.

Dos categorías de proveedores

El proyecto también introduce una distinción inédita: proveedor local sanjuanino y proveedor de la comunidad, siendo este último el principal beneficiario.

El estatus especial se otorgará a las empresas radicadas en los departamentos mineros —Iglesia, Jáchal, Calingasta— que acrediten empleo local, inversión en capacitación y arraigo territorial.

Programas obligatorios y control permanente

La futura ley no quedará en declaraciones. Establecerá que operadoras y grandes contratistas presenten programas anuales de desarrollo de proveedores, con metas de contratación local y capacitación verificables.

El cumplimiento será evaluado mediante auditorías y reportes periódicos, con la posibilidad de aplicar sanciones.

Competencia regional y protección a pymes

Uno de los ejes políticos de la norma será proteger a las pymes sanjuaninas frente a empresas de mayor escala radicadas en Mendoza o Córdoba. Para ello se implementarán preferencias y requisitos que otorguen ventajas competitivas sin cerrar el mercado.

Más allá de las empresas: profesionales incluidos

La iniciativa también alcanzará a profesionales vinculados a la minería —ingenieros, geólogos, técnicos— que deberán radicarse en la provincia para acceder a los beneficios. El Ejecutivo considera clave fomentar capacidades técnicas locales y consolidar la licencia social de la actividad.

Calendario político

El Gobierno presentará el proyecto después del 26 de octubre, con la expectativa de un debate legislativo libre de la agenda electoral.

“Es imperioso que parte del valor agregado quede en nuestras comunidades. No creo que nadie pueda ver con malos ojos proteger a nuestros proveedores”, sostuvo Aciar.

Una oportunidad histórica

La Ley de Proveedores Mineros se perfila como una política industrial de alcance inédito en la provincia. Su éxito dependerá de la letra fina: los requisitos de radicación, la efectividad de los controles y la capacidad de las pymes locales para crecer.

Si logra su objetivo, la minería sanjuanina dejará de ser solo un motor de exportaciones para convertirse también en una palanca de empleo, empresas y desarrollo territorial.