Reforma de la Ley de Glaciares: el debate que enfrenta desarrollo, federalismo y protección ambiental

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) respaldó el proyecto de modificación de la Ley 26.639 al considerar que la norma vigente presenta “imprecisiones conceptuales”. Ambientalistas advierten que la iniciativa podría reducir los estándares de protección.

La reforma de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, se convirtió en uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. En este escenario, el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) emitió un comunicado oficial en el que manifestó su respaldo al proyecto de adecuación, al sostener que la normativa vigente desde 2010 contiene “imprecisiones conceptuales” que, según afirman, han frenado inversiones sin garantizar una protección ambiental más eficaz.

De acuerdo con el documento difundido por el organismo, el debate no debería centrarse en una eventual desprotección de los cuerpos de hielo, sino en la necesidad de armonizar la ley con el esquema federal previsto en la Constitución Nacional. “Dicha precisión no implica la disminución de niveles de protección sino su fortalecimiento”, señala el comunicado.

El eje de la discusión: la definición del ambiente periglacial

Uno de los principales puntos de controversia es la definición del ambiente periglacial. Desde el sector minero sostienen que la redacción actual resulta ambigua y ha dado lugar a interpretaciones dispares y a la judicialización de proyectos productivos.

La propuesta de reforma apunta a delimitar con mayor exactitud aquellas geoformas que posean una función hídrica efectiva y relevante, concentrando allí la protección estricta. Según sus impulsores, esto permitiría evitar la paralización de actividades consideradas sostenibles en áreas que no cumplen un rol estratégico como reserva de agua.

Esta postura también es compartida por los gobernadores nucleados en la denominada “Mesa del Cobre” y la “Mesa del Litio” —San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy—, quienes sostienen que la falta de claridad normativa impacta negativamente en la confianza de los inversores y en la previsibilidad de los proyectos.

Federalismo y seguridad jurídica

Uno de los pilares del argumento a favor de la reforma es el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional. En ese sentido, el IADEM considera que fortalecer la participación provincial robustecería el esquema federal.

Entre los fundamentos esgrimidos se destacan:

• Conocimiento territorial: las autoridades provinciales cuentan con información técnica específica sobre sus cuencas y ecosistemas.

• Complementariedad normativa: la Nación fija los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias administran y aplican la normativa en sus jurisdicciones.

• Seguridad jurídica: reglas más claras brindarían mayor previsibilidad a las inversiones, en especial en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Críticas y advertencias

Sin embargo, la iniciativa genera fuerte resistencia en sectores ambientalistas. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y referentes como Enrique Viale calificaron la propuesta como inconstitucional. Argumentan que limitar la protección únicamente a geoformas con “rol hídrico relevante” podría implicar una reducción de los estándares nacionales y habilitar actividades mineras en zonas actualmente vedadas.

Desde el IADEM rechazan estas objeciones y sostienen que una normativa ambiental eficaz debe apoyarse en conceptos técnicos claros y consensuados. “La protección del ambiente no se debilita con normas claras: se fortalece”, concluye el instituto.

El desafío legislativo, ahora, será encontrar un equilibrio entre desarrollo productivo y preservación de los recursos hídricos estratégicos, en un debate que expone tensiones históricas entre federalismo, inversión y protección ambiental en la Argentina del siglo XXI.