El intendente de Iglesia pidió garantías a Vicuña para asegurar que la nueva red eléctrica no afecte el servicio de la comunidad

Jorge Espejo respaldó la millonaria inversión del proyecto minero pero advirtió que las autorizaciones definitivas dependerán de proteger a los usuarios locales, garantizar el suministro público y potenciar el desarrollo productivo en el norte sanjuanino

El intendente del departamento Iglesia, Jorge Espejo, fijó una postura clara y detallada tras la reciente aprobación otorgada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad a la infraestructura eléctrica asociada al Proyecto Vicuña. El jefe comunal enfatizó que la resolución dictada por el organismo nacional no marca el cierre del trámite, sino el inicio de una etapa donde la provincia de San Juan y los municipios deberán evaluar y otorgar los permisos definitivos en el territorio.

Al analizar la decisión del ente nacional, el mandatario comunal explicó que el aval técnico nacional habilita el avance del expediente, pero recordó que la soberanía sobre el suelo provincial exige la intervención de las autoridades locales. En ese sentido, remarcó que tanto la provincia como los municipios son los encargados de administrar las líneas de transporte y otorgar los permisos de obra necesarios en suelo sanjuanino.

Respecto al volumen financiero de la iniciativa, Espejo valoró el impacto de la inversión privada prevista por la compañía, estimada en unos 700 millones de dólares para el tendido de la nueva línea de 500 kilovoltios y la construcción de estaciones transformadoras. Asimismo, tomó nota del compromiso asumido por la empresa minera respecto a que la obra no trasladará costos a las tarifas de los usuarios ni generará perjuicios en la prestación del servicio actual.

No obstante, el intendente advirtió que la municipalidad examinará minuciosamente cada expediente administrativo y cada permiso que deba conceder en el ámbito de sus competencias. El objetivo central de esta revisión será resguardar los derechos adquiridos por la comunidad, asegurar la estabilidad del sistema y garantizar que la nueva capacidad de transporte beneficie también a otros sectores productivos del norte de la provincia.

Espejo subrayó que esta postura de cautela no debe interpretarse como una oposición al desarrollo de la minería, actividad a la que consideró un motor clave para la región. Por el contrario, definió la postura municipal como una defensa legítima de los vecinos, aclarando que la oposición solo surgirá si alguna fase de la obra o de su posterior operación llega a comprometer los servicios públicos esenciales.

En cuanto a la ejecución de las obras, el intendente estimó que la etapa de construcción no tendría por qué causar inconvenientes en el suministro habitual, aunque planteó que el verdadero foco de análisis estará puesto en la administración posterior de las instalaciones y en cómo se integrará esta nueva capacidad a la red pública sin alterar el equilibrio del sistema.

Con vistas a las próximas semanas, Espejo confirmó que participará en una agenda de reuniones junto a intendentes de departamentos vecinos, representantes del Ente Provincial Regulador de la Electricidad y funcionarios del Gobierno de San Juan. En esos encuentros buscarán profundizar el análisis técnico y normativo de la propuesta para garantizar que el proyecto se traduzca en progreso económico, mayores fuentes de trabajo y una mejora integral en los servicios energéticos para toda la población.